Los gobiernos de todos los niveles de China tendrán mayores responsabilidades en materia de mejora del medio ambiente, subrayó un proyecto de enmienda a la ley de protección ambiental, sometido hoy lunes a tercera lectura ante el parlamento.
El documento legal, cuyo objetivo es contener el deterioro medioambiental de China, fue sometido a la sesión bimestral del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN) que tendrá lugar entre hoy y el viernes.
En comparación con la versión presentada para la segunda lectura en junio, esta última enmienda agrega una cláusula según la cual los gobiernos de todos los niveles han de incrementar la inversión financiera en el mejoramiento del medio ambiente y la prevención de la contaminación, además de utilizar los fondos de manera más eficiente.
El proyecto estipula que el Estado debe apoyar el desarrollo de la industria de protección del medio ambiente con políticas y medidas en los terrenos de la financiación, los impuestos, la tarificación y la adquisición.
El proyecto también eleva la importancia de la protección ambiental en la evaluación del desempeño de un gobierno. Las autoridades han de considerar la tarea de la protección medioambiental como un criterio a la hora de evaluar a los departamentos pertinentes y los gobiernos de niveles inferiores, así como a los funcionarios encargados de las autoridades subordinadas.
Los resultados se darán a conocer al público, señala la enmienda.
Asímismo el proyecto se hace cargo de las relaciones entre el desarrollo económico y la protección del entorno, añadiendo una nueva cláusula según la cual los departamentos involucrados del Consejo de Estado (gabinete) y los gobiernos de nivel provincial deben tomar plena consideración del impacto medioambiental y escuchar opiniones expertas en el momento de elaborar políticas.
El documento endurece las penas a través de la imposición de sanciones criminales a quiénes sean responsables de intentar evadir la supervisión con el fin de incumplir la ley. Los culpables de causar accidentes de contaminación del medio ambiente mediante la producción o uso de pesticidas prohibidos por el gobierno se enfrentarán a castigos más severos.
Las instituciones que lleven a cabo evaluaciones medioambientales para proyectos de construcción asumirán la responsabilidad compartida en caso de servicio fraudulento, dice el proyecto.
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