El gobierno ecuatoriano creará una comisión especial para investigar una revuelta policial ocurrida el 30 de septiembre de 2010, que el gobierno juzgó como un intento de golpe de Estado, anunció hoy el presidente Rafael Correa.
"Se está preparando el decreto para establecer una comisión especial de investigación", dijo el mandatario a una radio local, tras señalar que tomó la decisión en vista de que en instancias como el Ministerio del Interior y la Fiscalía el tema se "ha diluido".
"Es demasiado importante, allí (en la revuelta) se perdieron cinco vidas humanas, hubo actos de cobardía sin nombre, pateando en el suelo a ciudadanos, no permitiré que esto quede en la impunidad", afirmó.
La sublevación conocida como "30-S" se originó en un cuartel policial con una protesta en rechazo a la aprobación de la Ley de Servicio Público, que supuestamente quitaba algunos beneficios económicos a los uniformados.
La protesta derivó luego en una revuelta que puso en riesgo la vida del mandatario, quien fue agredido por los insurrectos.
Los ataques hicieron que el mandatario se trasladara al hospital de la Policía, contiguo al lugar, donde estuvo retenido por varias horas, hasta que fue rescatado por fuerzas militares en medio de un tiroteo con policías sublevados.
La revuelta dejó al menos 10 muertos y 274 heridos, según las autoridades.
El mandatario añadió que las investigaciones no han avanzado "por la obstrucción" de ciertos sectores de la Policía y la prensa que "ha manipulado" el tema.
"No entiendo cómo con tantos vídeos, fotografías, aún no se haya descubierto desde hace dos años a los culpables", cuestionó el mandatario, al afirmar que eso evidencia que no se quería descubrir la verdad de los hechos.
Correa apuntó que ha "tomado directamente en mis manos esto, (y) personalmente no voy a permitir que esto quede en la impunidad (...) Hay que seguir investigando quiénes limpiaron al día siguiente del rescate (del mandatario) la zona donde se produjeron los disparos y en la que se encontraban casquillos de bala", indicó.
El gobernante añadió que se realizará una campaña "para recopilar más videos, más fotos, (que) se pondrán en pantalla; se ofrecerá recompensa y daremos con los culpables del 30-S". La semana pasada, el Ministerio del Interior inició una campaña en medios de comunicación y en redes sociales ofreciendo una recompensa de 50.000 dólares para quién dé información sobre 10 personas involucradas en el suceso.
La justicia local y la Fiscalía abrieron al menos 14 procesos de investigación contra un centenar de personas involucradas en la revuelta, pero la mayoría de casos aún se indagan.
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