El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, defendió hoy un proyecto de reformas a la Ley Minera que será debatido este viernes en la Asamblea Nacional (Congreso), en medio de la amenaza del sector indígena de ejercer el derecho a la resistencia.
Los aborígenes exigen al gobierno la realización de una consulta prelegislativa sobre las reformas a las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, pero el régimen la descartó por considerar que no se afectan derechos colectivos, ni de la naturaleza. "Por el diálogo todo, por la fuerza nada, que vayan a exigir a su casa, vean los resultados electorales en las parroquias donde están los proyectos mineros, vean la paliza electoral que les dimos allá, no representan a nadie", dijo Correa a los indígenas en una entrevista radial.
Las reformas enviadas hace una semana por el gobierno al Legislativo con el carácter de urgente deben ser aprobadas el próximo 15 de junio. El primer debate se desarrollará este viernes en el seno legislativo, donde el oficialismo es mayoría con 100 de los 137 escaños, por lo que es casi segura la aprobación de la normativa.
El cuerpo legal fue el primero que envió Correa al Parlamento al iniciar su tercer mandato de cuatro años, que culminará en 2017, y en el cual, se ha propuesto promover el uso responsable de los recursos naturales para salir de la pobreza. Correa destacó que las reformas propuestas a la Ley, vigente desde 2009, son básicamente "tributarias" y apuntan a reducir los trámites de otorgamiento de una concesión, así como sanciones a la minería ilegal, entre otras medidas.
Emplazó a los que se oponen a las enmiendas a demostrar las supuestas afectaciones a la naturaleza y a las comunidades donde se asientan los proyectos mineros. "Ya basta de esas actitudes irresponsables, que me digan dónde se afectan los derechos colectivos para exigir una consulta prelegislativa, qué derechos de la naturaleza se están afectando, que nos expliquen con argumentos", reclamó.
Correa sostuvo que "por hacerle daño al gobierno se le hace daño al país al demorar el desarrollo de un sector que puede ser el gran paso hacia el desarrollo como el minero y se pone trabas". Asimismo, acusó a un sector de la prensa, que en su opinión difunde la postura del sector indígena para buscar "generar conflicto para ver si tumban al gobierno". La Ecuarunari, una de las principales organizaciones indígenas del país, anunció que ejercerá el derecho a la resistencia porque las reformas "responden a los intereses de las grandes empresas mineras y violentan los derechos de los pueblos". "La naturaleza queda totalmente desprotegida", dijo Carlos Pérez, presidente de la organización indígena opuesta férreamente a la minería a gran escala.
La iniciativa propone reducir los tiempos para la obtención de la licencia ambiental de 16 a seis meses, un nuevo cálculo para el pago de regalías por parte del concesionario minero y la simplificación de los trámites para el otorgamiento de una concesión, entre otros puntos.
Además, impone la prohibición del uso de mercurio en las actividades mineras y la obligatoriedad de los concesionarios mineros para que utilicen agua en su actividad, y devolverlas a su cauce original observando normas ambientales. En marzo de 2012, el país sudamericano comenzó a explotar su minería a gran escala con la firma de un contrato para extraer cobre con la empresa china Ecuacorriente (Ecsa), el primero de una serie de proyectos situados en regiones amazónicas indígenas. Los proyectos podrían aportar al país hasta 185. 000 millones de dólares, según las autoridades.
El teléfono móvil cumple 40 años
Viaje por China: cada día más fuera del alcance
Contacto
Twitter
Facebook
RSS
Imprimir
Favorito
Corregir
e-mail
