El gobierno peruano exhortó hoy al Congreso a que retome las discusiones del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, que busca implementar la "muerte civil" como castigo para funcionarios procesados y condenados por corrupción.
El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, sostuvo este lunes que el establecimiento de la "muerte civil" permitirá mejorar la lucha contra corrupción en la nación sudamericana y evitará que los infractores se sigan burlando del Estado.
El 1 de agosto, el presidente Ollanta Humala envió al Congreso un paquete de reformas legales para combatir la corrupción, entre las cuales propuso la "muerte civil" de funcionarios procesados por este tipo de delitos y que no han reparado el daño, quienes quedarían impedidos a asumir cargos públicos o acceder al sistema financiero.
Jiménez subrayó que cuando Humala accedió al poder en 2011 descubrió que los ex funcionarios condenados por corrupción debían al Estado 357 millones de dólares, esta situación motivo a su gobierno a proponer esta iniciativa legal.
Entre otras medidas, la iniciativa de reformas plantea también que se prohíban medidas cautelares en las cortes judiciales, que usualmente favorecen a los corruptos.
El proyecto también busca fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que ésta pueda acceder al secreto bancario de los investigados por estos delitos.
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