Argentina es el país de América Latina que más posiciones perdió en siete años en calidad institucional, según el índice elaborado por el centro de investigación privado la Fundación Libertad y Progreso (FLyP).
La FLyP, que tiene su sede en la ciudad argentina de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, presentó el reporte donde Argentina figura como uno de los cinco países en el mundo que más retrocedió en la materia desde 2007, junto a Kiribati (-51), Micronesia (-48), Fiji y Madagascar (-34), éste último con el mismo puntaje de Argentina.
El país austral está en el puesto 127 de 191 en la lista sobre el Indice Internacional de Calidad Institucional (ICI), cinco puntos más abajo que el año pasado.
"Desde 2007 (Argentina) perdió 34 lugares. En la posición 126 está Paraguay, mientras que por debajo de Argentina se encuentra Azerbaiyán, en la 128", dijo a Xinhua la responsable de prensa de la FLyP, Mercedes Manfroni.
El experto Martín Krause, consejero académico del centro de investigación y autor del ICI, agregó que "si bien Argentina supera a Paraguay en todos los indicadores que evalúan las instituciones políticas, está bastante por debajo de este país en cuanto a las instituciones de mercado se refiere".
El ICI es una herramienta que determina el grado de respeto por las reglas de juego políticas y económicas, a través de ocho indicadores confeccionados por organizaciones internacionales.
"No define un grado óptimo de institucionalidad, sino que registra las posiciones relativas, calificando del 0 al 1. Cuanto más cerca está un país del 1 significa que mejor fue su desempeño en esta materia, explicó Manfroni.
Manfroni participó este miércoles en el acto organizado en la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA,) en el centro de Buenos Aires, por la FLyP, por la fundación Naumann y por la Red Liberal de América Latina.
Krause subrayó que existe una fuerte relación entre calidad institucional y desarrollo económico y social.
"Esto quiere decir que un mayor respeto por las instituciones se traduce en una mayor calidad de vida para los ciudadanos, ya que se produce un ambiente más propicio para las inversiones, los negocios y hay cumplimento de las normas", subrayó.
Según el ICI, Argentina mostró peor desempeño en los indicadores económicos que en los políticos.
Dentro de los indicadores económicos la mayor cuota pendiente está con la libertad económica.
El ICI incluyó dos mediciones para estimar este indicador, uno es el que publica cada año el Insitituto Fraser de Canadá y el otro es el perteneciente a la "Heritage Fundation" y el "Wall Street Journal".
En la primera medición Argentina obtuvo un puntaje de 0,13, mientras que en la segunda alcanzó 0,1.
"En la región, el promedio es de 0,48", comparó Krause.
Los otros dos indicadores utilizados para estimar el cumplimiento de las reglas de juego de la economía son el de "Competitividad Global", elaborado por el Foro Económico de Davos y por el foro "Haciendo negocios", del Banco Mundial, que mide el grado de dificultad de un país para abrir una empresa.
Las mediciones sobre el grado de complejidad para abrir una empresa se realizan a través de las trabas impositivas, trámites y todo tipo de exigencias administrativas que puedan demorar el objetivo.
En materia política, Krause consideró "preocupante la calificación que obtuvo Argentina en el indicador Vigencia del Derecho, que mide el respeto por la ley en cada país".
El puntaje de Argentina en este caso es de 0,34, sobre 1.
En percepción de la corrupción (el indicador de Transparencia Internacional) y Libertad de Prensa ("Freedom House"), Argentina obtuvo 0,42 y 0,47, respectivamente.
El rubro con mejor nota fue el de "Voz y Rendición de Cuentas", a través del cual el Banco Mundial mide el funcionamiento de la vida democrática y el impacto de la opinión pública sobre los políticos.
En este caso Argentina recibió 0,57 puntos sobre 1.
"Los cambios institucionales se producen lentamente, por lo que no es de esperar cambios profundos de un año a otro, pero sí pueden observarse claras tendencias", señaló Krause.
Agregó que cuando Argentina expropió la compañia Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) a la española Repsol, en mayo de 2012, sin pagar una indemnización, el país sudamericano cayó en los indicadores económicos y en los de respeto del derecho, ya que el acto genera incertidumbre jurídica.
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