La ministra vocero del gobierno chileno, Cecilia Pérez, calificó hoy como un atentado a los derechos humanos la oferta de información sobre el paradero de detenidos-desaparecidos del régimen militar realizada por el abogado de un ex jefe de la represión a cambio de beneficios carcelarios para su cliente.
"Es lamentable que este señor tenga tan poca valoración por lo que significan los derechos humanos. Los derechos humanos no se negocian, los derechos humanos no se transan, se respetan aquí y en cualquier parte del mundo", dijo Cecilia Pérez.
Manuel López, abogado del general Manuel Contreras quien fue condenado a más de 300 años de cárcel por torturas, secuestro y desaparición de disidentes durante el gobierno "de facto" de Augusto Pinochet (1973-1990), ofreció la entrega de información sobre el paradero de detenidos a cambio de beneficios carcelarios para su cliente.
"Yo espero que este señor, que dadas sus declaraciones al parecer tiene información sobre eventuales lugares donde estarían detenidos desparecidos, sea citado a la justicia para entregar esa información eso es lo que corresponde en este caso, porque de sus palabras se desprende que tiene información", agregó la portavoz gubernamental.
Contreras y la plana mayor de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), el mayor organismo represor durante el régimen de Pinochet, vieron reducidos sus privilegios carcelarios, luego que el presidente Sebastián Piñera ordenara el cierre del penal Cordillera y su traslado a otra cárcel.
La decisión presidencial, que desató fuertes críticas entre familiares y ex adeptos de Pinochet y reticencias en sectores conservadores, llevó al suicidio del general Odlanier Mena, uno de los jefes represores que cumplía condena en el penal Cordillera.
La vocera del gobierno señaló que "la información sobre violaciones a los derechos humanos jamás se puede negociar. El (el abogado de Contreras) tiene que darla a conocer a los Tribunales de Justicia y yo espero que el juez de la causa lo llame a declarar".
Según el oficial Informe de Verdad y Reconciliación o "Informe Rettig", unas 3.119 personas fueron asesinadas durante el régimen militar de Pinochet (1973-1990), de ellas unas 1.120 permanecen aún como detenidas-desaparecidas.
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