SANTO DOMINGO, 25 sep (Xinhua) -- La máxima instancia judicial de República Dominicana falló contra una dominicana de ascendencia haitiana que reclamaba la nacionalidad de este país, al considerar que nació de padres haitianos cuyos estatus de "extranjeros en tránsito" la excluye del derecho a ser dominicana, informó hoy el organismo.
El fallo del Tribunal Constitucional (TC) sienta un precedente respecto al reclamo de cerca de 20.000 de personas de ascendencia haitiana que buscaban ser reconocidos como dominicanos por haber nacido en este país, y a los que supuestamente la Junta Central Electoral (JCE) retiró del registro civil.
Según el TC, la categoría de "extranjero en tránsito" se aplica a toda persona que no tiene domicilio legal en República Dominicana por carecer de permiso de residencia, y figura en todas las Constituciones dominicanas desde 1929, y en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia "desde hace varias décadas".
El organismo adoptó la decisión tras analizar un recurso de revisión de amparo presentado contra la JCE por la dominicana de ascendencia haitiana Juliana Deguis Pierre, respecto a un fallo de un tribunal de la ciudad de Monte Plata, 53 kilómetros al noreste de la capital, que le negó el otorgamiento de la cédula de identidad y electoral.
Paralelamente, el TC determinó que la Dirección General de Migración debe otorgar a Deguis un "permiso especial de estancia temporal en el país" hasta que el Plan Nacional de Regularización de extranjeros ilegales radicados en el país previsto en la ley migratoria, determine las condiciones de regularización en este tipo de casos.
En octubre de 2011, el entonces presidente dominicano Leonel Fernández puso en vigencia un discutido reglamento que busca regular la presencia de extranjeros en el país, pero que para muchos lesiona los derechos de los inmigrantes residentes en territorio dominicano, sobre todo procedentes del vecino Haití.
La norma establece que a todo extranjero con permanencia en el país debidamente comprobada durante diez años o más, se le reconocerá el derecho a optar por la residencia permanente y será dotado de un documento de identidad válido por cuatro años.
Pero al mismo tiempo otorga a las autoridades la prerrogativa de expulsar a los indocumentados que llegaron a República Dominicana después de la puesta en vigencia de la nueva Constitución dominicana.
La Carta Magna fue promulgada en enero de 2010 y en lo concerniente a la nacionalidad establece que no serán dominicanas las personas nacidas en el país de padres diplomáticos, "en tránsito" o de indocumentados.
El TC también dispuso hoy que la JCE someta al tribunal correspondiente las actas de nacimiento de los dominicanos de ascendencia haitiana para que ésta determine su validez o nulidad, y ordenó a la autoridad competente realizar una auditoría "minuciosa" de los registros de nacimiento desde 1929 a la fecha para identificar a todos los extranjeros inscritos en el registro civil.
Según el fallo del alto tribunal, en otra lista deben consignarse a los extranjeros que se encuentran irregularmente inscritos para ser incluidos en el plan de regularización de extranjeros ilegales.
"Los extranjeros se encuentran en situación migratoria irregular, violando las leyes nacionales, no podrán invocar que sus hijos nacidos en el país tienen derecho a obtener la nacionalidad dominicana, en vista de que resulta jurídicamente inadmisible fundar el nacimiento de un derecho a partir de una situación ilícita de hecho", señaló la sentencia del TC.
Sin embargo, el tribunal destacó que los "extranjeros en tránsito" pueden modificar su situación migratoria obteniendo un permiso legal de residencia, lo que propiciaría que sus hijos que nazcan en el territorio nacional puedan adquirir la nacionalidad dominicana por "ius soli" o derecho del suelo.
Debido al constante movimiento migratorio hacia Santo Domingo desde principios del siglo XX, una importante comunidad dominicana de origen haitiano se asentó en el lado oriental de la isla, que en conjunto cuenta con poco más de 20 millones de habitantes.
Según una encuesta difundida en mayo, cerca de medio millón de personas provenientes de Haití viven en República Dominicana, la mayor comunidad extranjera residente en este país, mientras otros 244 mil son dominicanos de ascendencia haitiana.
La investigación no diferenció entre inmigrantes legales e ilegales, pero una fuente consultada por Xinhua manifestó que la metodología abarcó a ambos componentes.
El gobierno dominicano reinició a principios de 2011 la repatriación forzosa de ilegales haitianos que había suspendido en febrero de 2010, un mes después del devastador sismo del 12 de enero de ese año que causó 222.570 muertos y daños por 7.900 millones de dólares.
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