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Prohíben en Chile acto de homenaje a militar represor

Actualizado a las 26/09/2013 - 11:40
SANTIAGO, 25 sep (Xinhua) -- Luego de las críticas surgidas desde la oposición de izquierda y organismos de derechos humanos, el Ministerio de Justicia de Chile decidió hoy prohibir un acto de "camaradería" que planeaban efectuar ex militares a favor del condenado brigadier en retiro Miguel Krassnoff.
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SANTIAGO, 25 sep (Xinhua) -- Luego de las críticas surgidas desde la oposición de izquierda y organismos de derechos humanos, el Ministerio de Justicia de Chile decidió hoy prohibir un acto de "camaradería" que planeaban efectuar ex militares a favor del condenado brigadier en retiro Miguel Krassnoff.

Las autoridades judiciales informaron que ordenaron a Gendarmería que no autorice un acto de homenaje a Krassnoff en el penal Cordillera, donde cumple condenas de 120 años por violaciones a los derechos humanos.

El acto estaba programado para hoy pero, al parecer, debido a las críticas surgidas incluso desde el mismo gobierno, tampoco se presentó la solicitud para efectuar el encuentro.

Gendarmería, la unidad destinada a la vigilancia de las cárceles en Chile, de todos modos anunció que están suspendidas las visitas al penal Cordillera hasta nuevo aviso.

Este hecho ocurre en momentos en que también se cuestiona la existencia de centros de detención especiales para los militares condenados por crímenes contra los derechos humanos durante el régimen del general Augusto Pinochet (1973-1990).

Los militares, que habían sido parte de organismos como la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la Central Nacional de Inteligencia (CNI) y otras unidades especiales encargadas de la represión contra la oposición de izquierda, se encuentran recluidos en dos centros penitenciarios especiales: Punta Peuco y Cordillera.

Ante los reclamos de diferentes actores, incluyendo los propios gendarmes por los beneficios que tendrían en verdaderas "cárceles de lujo", el presidente Piñera pidió que se investigara esta situación.

Ante esto, el Poder Judicial pidió un informe a la fiscal María Loreto Gutiérrez, quien lo entregó esta semana a la Corte de Apelaciones.

En el documento, señala que los detenidos viven en cabañas separadas, donde cuentan con servicios higiénicos, duchas, agua caliente, luz natural y buena ventilación.

Además, tienen acceso a radio, música, televisión, a lectura, actividades deportivas, religiosas, y pueden realizar llamadas telefónicas los martes y viernes.

Los centros también cuentan con un médico, un psicólogo, un asistente social, tres paramédicos y un kinesiólogo y, en caso de emergencia, son trasladados al Hospital Militar, debido en gran parte a la avanzada edad de los ex militares (entre 68 y 86 años).

Se espera que las autoridades judiciales tomen una decisión sobre la continuidad de estos centros especiales, mientras el presidente Sebastián Piñera, de derecha, también puso en duda su continuidad.

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