La Comisión Nacional de la Verdad (CNV) de Brasil presentó hoy un balance de su primer año de actividades, en el cual apuntó que recomendará que los agentes del gobierno militar (1964-1985) que cometieron crímenes contra los derechos humanos respondan ante la justicia.
En una audiencia pública en el Centro Cultural Banco do Brasil de Brasilia, los integrantes de la CNV presentaron un balance provisorio de sus trabajos, que por determinación de la presidenta Dilma Rousseff serán extendidos hasta fin del año próximo.
El coordinador de la CNV, Paulo Sergio Pinheiro, señaló que el órgano identificará los nombres de los autores de las violaciones a los derechos humanos.
"Vamos a nombrar a los autores. Está en la legislación que creó la CNV. Tenemos que indicar las autorías, pero vamos a indicarlas en la medida en que nos sintamos sólidos para eso. Algunos nombres sólo van a ser comentados al final (de los trabajos)", explicó.
Los acusados de torturas y asesinatos durante el gobierno militar están hasta el momento protegidos por la Ley de Amnistía promulgada en 1979, que perdonó a los autores de crímenes políticos de 1964 a 1985, ratificada luego por el Supremo Tribunal Federal (STF).
Cuestionado sobre una posible derogación de la Ley de Aministía, Pinheiro recordó que Brasil es signatario del acuerdo que reconoce la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que considera nulas las "autoamnistías" promulgadas por los regímenes de excepción.
Aún no existe una postura oficial de la CNV sobre el tema, sin embargo el coordinador de la CNV considera que el gobierno brasileño debe poner en práctica las resoluciones de la CIDH.
Según el balance presentado este martes, fueron identificados y localizados 240 agentes de la represión que continúan vivos y que a la fecha no han sido juzgados.
Un Mapa de la Represión en Brasil durante el periodo militar fue presentado por la investigadora Heloisa Herling, quien subrayó que las informaciones recogidas muestran que la tortura comenzó en 1964, poco después del golpe que depuso al presidente Joao Goulart (1961-1964) y mucho antes del comienzo de la lucha armada.
"La tortura comenzó a ser practicada en los cuarteles en 1964", a partir de ese año es posible identificar centros de detención y tortura, afirmó Pinheiro.
La política de represión en masa de la dictadura que apuntaba a instaurar el Estado de Seguridad Nacional detuvo cerca de 50.000 personas sólo en 1964.
La violencia política del régimen de facto, apuntó la CNV, utilizó padrones estadounidenses de contrainsurgencia.
Herling resaltó que la CNV obtuvo documentos que comprueban que la Marina (Armada) de Brasil tuvo conocimiento sobre la detención y muerte de 11 opositores políticos, entre ellos el diputado Rubens Paiva, en 1972.
Los documentos desmienten la versión que dio la Marina al gobierno democrático en 1993, cuando afirmó que el diputado Paiva huyó de su cautiverio y se encontraba "forajido".
"La Marina ocultó deliberadamente informaciones y documentos al Estado brasileño. Los ocultó a la Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia y a la Cámara de Diputados", subrayó Herling.
Entre los casos investigados por la CNV, según la historiadora, están 44 supuestos suicidios y seis muertes por supuestos atropellamientos accidentales.
La abogada Rosa Cardoso, quien asumió este martes la coordinación de la CNV, resaltó que los crímenes contra la humanidad no prescriben y no son alcanzados por la Ley de Aministía.
"Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Si tenemos ese conocimiento, tenemos que recomendar que esos casos sean judicializados internamente", enfatizó.
Cardoso señaló, sin embargo, que no corresponde a la CNV enviar un proyecto al Congreso Nacional para revocar la Ley de Amnistía, que impide penalizar a agentes de la dictadura y a personas que practicaron la lucha armada contra el régimen.
La CNV se creó el año pasado por iniciativa de la presidenta brasileña Dilma Rousseff para investigar violaciones a los derechos humanos entre 1946 y 1988, aunque el foco principal es el del gobierno militar de 1964 a 1985.
La decisión de Rousseff tuvo un fuerte significado simbólico, puesto que la líder brasileña fue presa y torturada a comienzos de la década de 1970, cuando era militante contra el régimen de facto.
Para su trabajo, la CNV tomó como punto de partida las informaciones producidas hace 15 años por la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos y 10 años atrás por la Comisión de Amnistía.
Brasil es el único país del Cono Sur que no ha puesto en el banquillo de los acusados a los militares responsables por violaciones a los derechos humanos durante los gobiernos de facto.
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