El juez José Castro, instructor del caso Nóos que involucra en un escándalo de presunta corrupción al esposo de la infanta Cristina, pidió a Hacienda que haga una investigación desde 2002 por presunto delito fiscal a la hija del rey Juan Carlos.
Castro decidió incorporar a la causa las declaraciones de la renta de la infanta Cristina de la última década, que hasta ese momento había mantenido al margen de la pesquisa en el esquema presuntamente fraudulento.
Los requerimientos buscan comprobar si la hija del Rey pudo cometer delitos fiscales y de blanqueo de capitales.
El pasado 25 de abril, la infanta Cristina se negó, a través de sus abogados, a entregar sus declaraciones de la renta al considerar "una injerencia al derecho fundamental a su intimidad". La imputación a la infanta Cristina sigue en suspenso luego de que la Audiencia de Palma de Mallorca dejó a principios de mayo la formalización del proceso que Castro decidió el pasado 3 de abril.
Castro ha sostenido que había indicios suficientes para creer que la hija del Rey cooperó con su marido, Iñaki Urdangarin, en delitos fiscales, de fraude a la Administración y malversación de caudales públicos a través del Instituto Nóos.
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