El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo hoy que pedirá sanciones para un grupo de asambleístas del oficialismo que pretendieron incluir la despenalización del aborto en un nuevo Código Penal, impulsado por su gobierno, que se debate en la Asamblea Nacional (Congreso).
"Esto es una puñalada por la espalda, pediré sanciones al interior de Alianza PAIS (movimiento oficialista de izquierda) para la gente que promovió eso y después de un año, como lo establece la Constitución, no excluyo pedir la revocatoria (del mandato) de determinadas asambleístas", indicó Correa en una entrevista con medios locales.
El anuncio se produjo luego de que la semana pasada, la legisladora oficialista Paola Pabón, propuso despenalizar el aborto en todos los casos de violación sexual, a lo que el mandatario reaccionó molesto y amenazó con renunciar si se aprueba esa iniciativa.
"Si logra un grupo de personas muy desleales una mayoría en el bloque de Alianza País" legalizar el aborto, "yo inmediatamente presentaré mi renuncia al cargo. Para defender la vida estoy dispuesto a renunciar (a) esto y la historia sabrá juzgarme", dijo entonces Correa.
Tras la advertencia del gobernante, la legisladora retiró la propuesta en medio de un ambiente tenso en el bloque oficialista, que controla el Legislativo.
El jefe de Estado, quien se considera humanista y católico practicante, calificó hoy de una "puñalada" la iniciativa ya que con anterioridad el oficialismo acordó mantener la despenalización del aborto únicamente para el caso de las mujeres con discapacidad mental que hayan sido violadas.
"Aquí el problema no ha sido pensar diferente, sino la deslealtad política. Eso no lo vamos a permitir", advirtió el mandatario de izquierda.
Añadió que "para mantener un proyecto político legendario, con tantos poderosos adversarios, necesita consistencia ideológica y confianza política, (y) lo segundo, lo destrozaron con esta maniobra política" los legisladores oficialistas que promovieron la iniciativa.
En el nuevo Código Penal, propuesto por Correa en 2011 al Legislativo, se mantiene el aborto no punible para los casos en los que hay riesgo para la vida y salud de la embarazada y para las mujeres con discapacidad mental que hayan sido violadas.
La normativa, que deberá ser aprobada o vetada por el Ejecutivo, penaliza el aborto con condenas de hasta 16 años de prisión en caso de muerte de la mujer; en la actualidad el aborto intencional se juzga hasta con seis años de cárcel.
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