Los veteranos de guerra volvieron a las calles como lo prometieron hace un mes en protesta porque la Asamblea Legislativa no aprueba una ley especial que les otorga pensiones y otros beneficios sociales.
"Exigimos que los diputados aprueben en la próxima plenaria la ley de resarcimiento de los veteranos", reclamó Jaime Ortega, uno de los dirigentes del grupo de excombatientes de la antigua guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora convertida en la primera fuerza política del país.
Ortega fue uno de los veteranos de la exguerrilla que marcharon pacíficamente por las calles de la ciudad para presionar a la Asamblea Legislativa que engavetó el tema desde hace meses.
A inicios del pasado agosto, en cambio, hubo enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre la Policía Nacional Civil y cientos de exmilitares, que obstaculizaron las principales vías de acceso a la capital.
En aquella jornada, los desmovilizados interfirieron el tráfico automotor en carreteras estratégicas cerca de los puestos fronterizos con Guatemala y Honduras.
Durante las protestas de este día, sin embargo, los exguerrilleros ocuparon una plaza céntrica desde donde salieron rumbo hacia la sede del Congreso. A lo largo del recorrido, donde participaron mujeres que pertenecieron a la guerrilla, los participantes vitorearon mensajes que reivindican el derecho a una pensión.
"Es injusto el abandono de tantos veteranos que tenemos enfermos porque los gobiernos nos han abandonado", denunció Mercedes Lara.
El presidente Mauricio Funes firmó en marzo del año pasado un convenio con excombatientes del FMLN mayores de 70 años para pagar una pensión simbólica de 50 dólares mensuales.
El gobierno sostiene que no cuenta con los fondos suficientes para mantener una pensión vitalicia a más de 80.000 veteranos.
Pese a que el mandatario instaló una mesa de diálogo permanente con los veteranos de guerra del Ejército, los excombatientes de la Fuerza Armada reclaman que este gobierno no les favorece como hizo la derecha en el pasado.
La guerra civil en El Salvador, que acaeció entre 1980 y 1992, dejó un costo de 75.000 víctimas mortales, 8.000 desaparecidos, 12.000 heridos y miles de desplazados, además de millonarias pérdidas económicas.
El conflicto finalizó mediante la firma de un acuerdo de paz suscrito el 16 de enero de 1992 entre el expresidente Alfredo Cristiani y la antigua dirigencia del FMLN.
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