La ministra colombiana de Justicia, Ruth Stella Correa, anunció este martes que el gobierno declaró una emergencia carcelaria con el fin de mitigar la crisis generada por el sobrecupo de al menos 40.000 presos en las cárceles del país.
"Tenemos 77.000 cupos y 117.000 personas privadas de la libertad intramuros, tenemos 24.000 domiciliarias, los jueces están concediendo detenciones domiciliarias y esto ayuda a que la pena se cumpla en condiciones adecuadas", declaró la funcionaria a medios locales de comunicación.
Correa recordó que ante la gravedad de la situación, el presidente colombiano Juan Manuel Santos instruyó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que declare la emergencia carcelaria, con el fin de evitar otras medidas como la excarcelación de internos.
"El Ministerio de Justicia hoy firma ese concepto y se reúne con los concejos directivos tanto del INPEC como de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios con el fin de establecer las medidas a adoptar", declaró la ministra al recordar que cada mes ingresan a las cárceles colombianas un promedio de 3.000 personas.
De acuerdo con la funcionaria, a través de este decreto el gobierno busca superar la crisis al agilizar los procesos de contratación, firma de convenios interadministrativos y ejecución de recursos para ampliar los cupos en la red carcelaria que incluye a 40.000 personas que no han sido condenadas.
Correa aseguró que este proceso se desarrollará con el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría, con el fin de que los recursos se usen de forma responsable y para evitar casos de corrupción.
La ministra de Justicia reiteró su petición al Congreso para que apruebe rápidamente el nuevo código penitenciario.
Por su parte el defensor del Pueblo, Jorge Otálora, reiteró que esta medida no tiene las herramientas suficientes para aliviar el problema y solicitó al gobierno ordenar sin demora una "emergencia social" que permita tomar decisiones de fondo, inmediatas, que descongestionen las cárceles en donde existe ya una crisis sanitaria.
La Defensoría del Pueblo denunció niveles de hacinamiento de 400 por ciento en la cárcel de Riohacha, en el norte del país, de 210 por ciento en la cárcel Bellavista de Medellín y de 230 por ciento en la Modelo de Bogotá, donde un juez ya ordenó no recibir más reclusos por un periodo de tres meses.
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