SANTIAGO, 26 sep (Xinhua) -- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció hoy el cierre del penal Cordillera, donde purgan condenas ex militares responsables de violaciones a los derechos humanos durante el régimen "de facto" de Augusto Pinochet, con el argumento de que la cárcel cuenta con excesivos lujos y beneficios para los reos.
"El gobierno, tomando en consideración tres principios: primero, la igualdad ante la ley; segundo, la seguridad de los internos; y tercero, el normal y más eficiente funcionamiento de Gendarmería, ha tomado la decisión de cerrar el centro penitenciario Cordillera", dijo Piñera en La Moneda.
El Jefe de Estado indicó que "se trasladará a los internos que están en ese centro y que son diez personas, al centro penitenciario de Punta Peuco".
La conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado de 1973, el pasado 11 de septiembre, volvió a reabrir el debate en el país sobre las violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet y las condiciones de encierro de los condenados por estos delitos.
Al respecto, en entrevista, el mismo Piñera, cuestionó los privilegios que gozan el medio centenar de militares y civiles condenados por delitos de lesa humanidad en los penales de Punta Peuco y Cordillera, ambos en las inmediaciones de la capital.
Piñera criticó que en Cordillera, ubicado en el regimiento de Telecomunicaciones, en Peñalolén, en la precordillera de la capital, unos 40 custodios vigilen a cerca de diez condenados, y aseguró que encargó un estudio para evaluar un cambio.
En Cordillera cumple condena la cúpula de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), la policía secreta de Pinochet, encabezada por su ex director el general Manuel Contreras, quien suma condenas por más de 300 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
El penal ha sido descrito como cárcel de lujo por medios locales, donde los condenados conviven en cabañas equipadas, con amplia capacidad de movimiento, canchas de tenis, televisión por cable entre otros privilegios que distan de las condiciones de hacinamiento de la población penal en general.
La oposición de centroizquierda -que atribuyó en el pasado la construcción de estas cárceles a condicionantes de la transición política, con fuerte presión de las fuerzas armadas- solicitó a Piñera el cierre de este penal.
Luego de las críticas surgidas desde la oposición y los organismos de derechos humanos, Piñera ordenó una investigación sobre Cordillera.
Tras conocer los resultados del estudio, Piñera anunció este jueves el cierre del penal e indicó que sus diez presos -entre ellos el ex brigadier Miguel Krassnoff y el ex general Manuel Contreras- serán trasladados a la cárcel militar de Punta Peuco.
"De esta forma, estamos satisfaciendo esos tres principios que son principios que deben regir en todos los actos y en todas las acciones del gobierno y que, insisto, (son) la igualdad ante la ley, la seguridad de los internos y el mejor y más eficiente funcionamiento de Gendarmería de Chile", aseguró Piñera.
El informe que pidió el presidente, a través de la Corte Suprema, fue efectuado por la fiscal María Loreto Gutiérrez, quien aseguró que el penal goza de "buenas condiciones materiales", con cabañas-celdas con acceso a televisión por cable e internet, e incluso asistencia social y médica.
El penal Cordillera fue creado en noviembre de 2004, bajo el gobierno del entonces presidente Ricardo Lagos, para acoger a un grupo de altos oficiales que fueron condenados por crímenes contra los derechos humanos.
La otra cárcel, Punta Peuco, ubicada en la comuna de Til Til, al norte de la región metropolitana de Santiago, recibe a oficiales de menor graduación. Era una colonia de veraneo del Ejército, y en la actualidad hay 44 reclusos, con capacidad de 48.
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