El presidente Sebastián Piñera ordenó esta semana un estudio para el posible cierre de los centros penitenciarios Cordillera y Punta Peuco, donde están detenidos los jefes de la policía secreta del régimen militar (1973-1990) con largas condenas por sus crímenes.
Son establecimientos que albergan a connotados asesinos y torturadores, como el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), el ex general Manuel Contreras, quien cumple más de 300 años de presidio, y el ex jefe operativo de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), Alvaro Corbalán, con condenas por 120 años.
Esos centros fueron construidos entre finales de los 90 y el año 2001, con la idea de que esos reos, por razones de seguridad, no cumplieran sus penas junto a reclusos comunes en las cárceles del país, pero se han convertido en lugares privilegiados para esos señores que sembraron el terror entre la población.
Cifras oficiales indican que en Chile hubo más de 3.000 asesinatos, 1.200 desaparecidos y 30.000 torturados, pero sólo han sido condenados unas seis decenas de ex oficiales de las Fuerzas Armadas.
Según el Ministerio del Interior, hasta septiembre de 2011, 249 uniformados fueron condenados por diversos crímenes. De ellos, 177 gozan de libertad vigilada, tres de libertad condicional y 64 cumplen presidio efectivo.
De estos condenados, 49 están en Punta Peuco, 10 en el Penal Cordillera, y los seis restantes cumplen condenas en cárceles comunes fuera de Santiago, por razones familiares.
El propio Piñera comentó que hay una desproporción en cuanto a la cantidad de gendarmes y el número de detenidos.
"Estoy revisando, como presidente, si se justifica que exista una cárcel, como Cordillera, donde entiendo que sólo hay 10 personas privadas de libertad con más de 40 gendarmes. Estamos estudiando si eso se justifica".
La polémica sobre esos recintos carcelarios resurgió porque el ex general Contreras fue entrevistado por la Televisión Nacional en ocasión de los 40 años del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, liderado por el fallecido general Augusto Pinochet, quien fue procesado por la justicia y no fue condenado por razones de salud.
"No voy a morir en la cárcel", dijo el ex jefe de la DINA en la entrevista, al indicar que el Penal Coordillera era "un recinto militar" y no una cárcel común.
Ese lugar cuenta con acceso a Internet y TV cable internacional, y allí pueden celebrar fiestas con asados con los demás internos.
Ese penal, ubicado en el interior del Regimiento de Telecomunicaciones del Ejército en Santiago,está equipado con cinco cabañas con dormitorios, sala de estar, cocina y baño. En su entorno, los recluidos tienen a su disposición jardines, salas de juego y canchas de tenis.
El régimen de visitas también es distinto al resto de penales: sus familiares pueden visitarlos todos los días en horarios poco limitados, de 10 a 17 horas.
Unos 40 gendarmes resguardan a la decena de ex militares condenados por violaciones a los derechos humanos que allí residen. La proporción es de cerca de seis funcionarios de Gendarmería por cada preso.
Por su parte, el penal de Til Til, en la zona Punta Peuco, que se construyó también para 49 culpables de crímenes cometidos durante el régimen militar, tiene áreas verdes y piscina, muy parecido a un lugar de descanso.
Un elemento que provocó debates fue que esos ex militares condenados mantengan sus grados militares y que, según la ley, las fuerzas armadas no pueden darlos de baja, por lo que reciben sus cuantiosos beneficios.
Sólo, por orden de un tribunal, podrían ser degradados, pero hasta ahora nadie ha tomado una decisión al respecto.
El diputado opositor Tucapel Jiménez, cuyo padre del mismo nombre fue asesinado por la Dirección de Inteligencia del Ejército en 1982, aseguró que "nunca hemos logrado entender porque hay tantos beneficios para estos criminales. Las desigualdades en este país se manifiestan hasta en la hora de cumplir condenas".
Dijo que esos presos han tenido todo tipo de beneficios, como salir a la calle cuando querían, y una vez vieron a Alvaro Corbalán comprando verduras en Santiago, pero el entonces presidente Ricardo Lagos ordenó poner orden en ese recinto.
Por su parte, el opositor Alejandro Navarro dijo "que haya más de 30 funcionarios cuidando a una decena de internos, como en el penal Cordillera, donde, además, el Estado gasta cinco veces más que en una cárcel común, y en el penal de Punta Peuco se gasta tres veces más, resulta inaceptable".
Navarro sostuvo que "Chile está en condiciones de cerrar el penal Cordillera para curar las heridas que se abren cuando estos violadores de derechos humanos viven con estos privilegios". No obstante, el presidente Piñera no ha dicho aún la última palabra.
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