La antropóloga Marta Azevedo renunció hoy, "por motivos de salud", al cargo de presidenta de la Fundación Nacional del Indio (Funai) de Brasil, órgano responsable de estudios para la demarcación de tierras indígenas en esta nación, en medio de conflictos de etnias con terratenientes y por la construcción de una presa.
En un comunicado, la Funai indicó que Azevedo dejaba la presidencia por razones de salud y por la necesidad de someterse a un tratamiento médico incompatible con su agenda -sin entrar en detalles- y anunció que la directora de Promoción al Desarrollo Sustentable de la fundación, María Augusta Assirate, asumirá el cargo interinamente.
La salida de Azevedo, la primera mujer que encabezó la Funai -desde abril de 2012-, se dio mientras se agudiza un conflicto en el estado Mato Grosso del Sur (centro-oeste), donde un miembro la etnia terena murió la semana a manos de la policía, durante una operación de desalojo de una hacienda que era ocupada por los indígenas desde mayo.
La hacienda San Gabriel, en el municipio de Sidrolandia, pertenece al ex diputado estatal Ricardo Bacha, del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), quien alega que la propiedad pertenece a su familia desde 1927.
La hacienda fue ocupada por los indígenas de la aldea Buriti y, en el desalojo, algunos de ellos sufrieron heridas y fueron hospitalizados, aumentando la tensión en la región.
Este miércoles, la presidenta Dilma Rousseff determinó que 110 hombres de la Fuerza Nacional -un cuerpo de élite- viajarán para mantener el orden en el área en conflicto, a pedido del gobernador matogrossense, André Puccinelli.
El gobierno de Rousseff anunció también la creación de un foro de negociación para resolver el conflicto, que incluirá a indígenas, hacendados, representantes gubernamentales y de los consejos nacionales de Justicia y del Ministerio Público.
El jueves pasado, además, indígenas de la región amazónica se movilizaron a Brasilia para protestar por la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte, en el estado norteño de Pará, a la cual han sometido a numerosos bloqueos desde hace meses.
Las etnias en esa región exigen suspender las obras hasta que sea realizada una consulta previa a los pueblos originales, como establece la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual Brasil es signatario.
Brasil, con 194 millones de habitantes, cuenta con unos 896.900 indígenas pertenecientes a 305 etnias, cuyas tierras ocupan un 12 por ciento del país.
En mayo pasado, la ministra jefe de gabinete, Gleisi Hoffmann, había criticado públicamente la política de demarcación de tierras indígenas, promovida por la Funai durante la gestión de Azevedo.
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