Un fiscal ecuatoriano acusó hoy a 13 policías de haber incitado a una revuelta en Ecuador el 30 de septiembre de 2010, que dejó al menos 10 muertos y 274 heridos.
La acusación provino del fiscal Gustavo Benítez durante una audiencia preparatoria del juicio y sustentación de dictamen en contra de 17 uniformados involucrados en el suceso, que el gobierno juzgó como un intento de golpe de Estado.
El día de la revuelta, los 17 policías investigados habrían incitado a la sublevación a través de los equipos de la radio patrulla de la Policía, pero luego de investigaciones el fiscal acusó a 13 y descartó a los cuatro restantes.
El fiscal sustentó su acusación en informes del presidente Rafael Correa y del ex ministro del Interior, Gustavo Jahlk, así como en audios, videos y un proceso para identificar las voces en las grabaciones.
También fueron estudiadas como pruebas algunas versiones de socorristas del cuerpo de bomberos, y grabaciones de los mensajes emitidos a través de radios y de teléfonos celulares, entre otras evidencias.
Según el fiscal, un informe de la Contraloría del Estado estableció en 1,3 millones de dólares el perjuicio ocasionado por la Policía al no salir a trabajar el día de la sublevación.
La audiencia, que se desarrolló durante dos días, deberá concluir con un dictamen final de la justicia local en los próximos días.
De ser hallados culpables, los policías acusados pueden enfrentar una pena de hasta nueve años en prisión.
El 30 de septiembre de 2010 se originó una protesta salarial de los policías que luego derivó en una sublevación de grandes proporciones.
El hecho incluyó la retención del presidente Rafael Correa en un hospital de la Policía en Quito, de donde fue rescatado tras una operación de militares y en medio de un intenso tiroteo.
El mandatario, quien ha dicho que no permitirá que el hecho quede en la impunidad, anunció recientemente la creación de una comisión especial para investigar el caso a fin de dar con los culpables.
Correa tomó la decisión en vista de que no se han registrado avances en las investigaciones por parte de la Fiscalía, "por la obstrucción" de ciertos sectores de la Policía y la prensa que "ha manipulado" el tema.
Para agilizar las investigaciones, el gobierno difundió un anuncio de televisión con los rostros de varios policías implicados para dar con su paradero, y ha ofrecido una recompensa de hasta 50.000 dólares.
Hasta ahora, el gobierno ha identificado a ocho uniformados.
El teléfono móvil cumple 40 años
Viaje por China: cada día más fuera del alcance
Contacto
Twitter
Facebook
RSS
Imprimir
Favorito
Corregir
e-mail
