El ex fiscal supremo de Perú, Avelino Guillén, solicitó hoy al Congreso volver a investigar los posibles casos de corrupción en los "narcoindultos" otorgados por Alan García durante su gobierno (2006-2011, luego de que el ex presidente obtuvo un amparo judicial para echar abajo una indagatoria legislativa.
El jurista dijo que un fallo judicial a favor de García que anuló las investigaciones que lleva a cabo una comisión del Congreso para determinar las responsabilidades en este posible acto de corrupción, no debe evadir la responsabilidad del ex mandatario.
El viernes pasado, el juez del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, Hugo Velásquez, concedió un amparo a García contra la investigación que hasta ese momento llevaba la comisión legislativa desde el 8 de marzo de 2013, con el argumento de que no se respeto el debido proceso del ex presidente.
Según Guillén, el fallo a favor de García no anula las pruebas acumuladas por la comisión del Congreso por los narcoindultos, por lo que el Congreso puede y debe emprender una nueva investigación.
"Casos como estos no deben quedar impunes, corresponde al Congreso llevar adelante una investigación con la mayor rigurosidad, pulcritud y respeto al debido proceso", subrayó Guillén, quien es considerado uno de los artífices de la condena del ex presidente Alberto Fujimori,.
La comisión también investiga a García por las irregularidades cometidas durante su gestión en varios proyectos, como el programa agua para todos y presuntos actos de espionaje a través de la empresa BTR.
Guillén, quien cuenta con amplia experiencia judicial, aclaró que el fallo contra la comisión del Congreso no excluye las investigaciones que se desarrollan en esta instancia, y además ordena que se tome una nueva declaración al ex mandatario.
Recordó que en una declaración previa, García admitió que revisó de manera personal los expedientes correspondientes que beneficiaron a los reos indultados, como parte de una política penitenciaria puesta en marcha durante su gestión.
De acuerdo con las primeras investigaciones de la comisión, la administración de García otorgó más de 5.000 indultos, de los cuales unos 400 beneficiarios fueron reos condenados por narcotráfico.
Algunos testigos ante la Fiscalía señalaron que algunos de los beneficiarios con este indulto, al parecer, pagaron cuantiosas sumas de dinero para conseguir su liberación.
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