El senador de la oposición en Chile, Alejandro Navarro, exigió hoy el cierre del penal Cordillera, uno de los dos recintos penitenciarios del país que alberga a ex represores del gobierno militar (1973-1990) y donde se ha denunciado que existe un trato privilegiado.
En caso de que el presidente chileno Sebastián Piñera, de derecha, no cumpla con el cierre del penal Cordillera, los legisladores "no le aprobaremos el presupuesto para el próximo año", señaló el senador del izquierdista Movimiento Amplio Social (MAS).
El jefe de Estado anunció el pasado fin de semana que evalúa el cierre del penal Cordillera, el cual, junto a la cárcel de Punta Peuco, alberga a ex militares y civiles que cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar.
El anuncio de Piñera es el resultado de la presión ejercida por grupos de derechos humanos, quienes han denunciado privilegios en el trato a ex represores presos, en relación al resto de la población penal.
"Pediremos copia de los reglamentos internos de Punta Peuco y Cordillera, pues fiscalizaremos y eliminaremos los privilegios", señaló Navarro.
"!No voy a aceptar! No voy a votar a favor de un presupuesto que considere un privilegio de mantener, al menos, el penal Cordillera, al costo económico que hoy día resulta, unos 49 millones de pesos al año, y al costo moral de mantener a violadores de derechos humanos en este hotel de lujo, que no es cárcel", agregó el senador.
En tono similar se han pronunciado distintos parlamentarios y dirigentes de la oposición de centroizquierda.
La conmemoración de los 40 años del Golpe Militar de 1973, el pasado 11 de septiembre, reabrió el debate en el país sobre las violaciones a los derechos humanos durante el régimen del ex presidente de facto Augusto Pinochet.
Piñera cuestionó los privilegios que gozan los condenados en el penal Cordillera, donde unos 40 custodios vigilan a una decena de internos; sin embargo, encargó un estudio para evaluar un cambio.
En el penal Cordillera cumple condena la cúpula de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), la policía secreta de Pinochet, encabezada por su ex director el general Manuel Contreras, quien suma condenas por más de 300 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
Punta Peuco y Cordillera han sido descritos como cárceles de lujo por los medios locales de comunicación, donde los condenados conviven en cabañas equipadas, con amplia capacidad de movimiento, canchas de tenis, televisión por cable y otros privilegios que distan de las condiciones de hacinamiento de los reos en general.
"La mayoría de los presos en Chile son vigilados en las cárceles por el equivalente a 0,01 gendarmes por cada uno en promedio, no disfrutan de los goces que tienen los internos como Manuel Contreras o Miguel Krassnof, que usan teléfono, ven televisión por cable o hacen uso de canchas de tenis", señaló Navarro.
Según el senador, las características de una supuesta transición a la democracia en Chile, con una fuerte tutela de las Fuerzas Armadas, permitieron sostener estos privilegios en el pasado.
"Las condiciones políticas del país permiten cerrar el penal Cordillera. Son cárceles construidas en una condición muy especial de la transición, donde había inestabilidad y riesgo democrático", el cual ya no existe, añadió.
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