LA PAZ, 2 jul (Xinhua) -- El presidente en ejercicio de Bolivia, Alvaro García Linera, anunció hoy que para determinar casos de corrupción e irregularidades en la entrega de recursos naturales a empresas transnacionales y nacionales se conformará una Comisión Especial Legislativa que investigará a siete gobiernos entre 1989 y 2005.
En conferencia de prensa, García Linera anunció que "se asume esta determinación para que las nuevas generaciones conozcan esta época, que denominó como la 'etapa oscura' en la historia del país, por la entrega de las empresas estratégicas de Bolivia a manos de extranjeros".
El presidente interino, quien reemplaza al mandatario Evo Morales que se encuentra en una misión oficial en Rusia, hizo este anuncio en Palacio Quemado, sede de operaciones del gobierno boliviano.
Se investigará a seis ex presidentes que gobernaron en siete gestiones: Jaime Paz Zamora de 1989 a 1993, Gonzalo Sánchez de Lozada de 1993 a 1997, Hugo Bánzer Suárez de 1997 a 2001, Jorge Quiroga Ramírez de 2001 a 2002, nuevamente Gonzalo Sánchez de Lozada de 2002 a 2003, Carlos Mesa Gisbert de 2003 a 2005 y Eduardo Rodríguez Veltzé en 2005.
De esta forma, García descartó que esta investigación sea únicamente para las riquezas acumuladas por Samuel Doria Medina, entonces ministro de Planificación de Sánchez de Lozada en los años 90, sino para demostrar al país cómo es que otras autoridades se han enriquecido de manera sospechosa.
Informó que sostiene reuniones con las presidentas de Diputados, Betty Tejada, y del Senado, Gabriela Montaño, para definir las características de esta comisión bajo términos de "amplitud en su composición, para llevar adelante esta investigación" que, insistió, no sólo se centrará en el papel del líder opositor Doria Medina.
El oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) controla la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el dominio de los dos tercios de votos, mientras que la oposición es la fuerza minoritaria.
"Va a ser una investigación referida a toda esa etapa oscura de la historia económica boliviana llamada privatizaciones, que comenzó en 1989 y culminó en 2005. Es una etapa oscura, es la década perdida, la década robada de la economía boliviana", especificó.
El vicepresidente y titular de la Asamblea, García Linera, instruyó el 20 de junio la formación de la comisión luego de escuchar un informe del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sobre la participación del jefe de la opositora Unidad Nacional (UN) en la privatización, en su condición de asesor y luego de ministro de Planificación en el gobierno de Jaime Paz.
El ministro Quintana habló del tema en parte del informe que dio sobre el programa "Bolivia cambia, Evo cumple" ante la Asamblea Legislativa.
Durante el gobierno de Paz Zamora se encaró el denominado programa de ajuste estructural, "que no era otra cosa que la privatización del Estado republicano", dijo Quintana.
Agregó que, en ese marco, fueron suscritos convenios con el país del norte, por ejemplo, por cooperación de 18 millones de dólares y 66 millones de dólares que estaban condicionados a metas económicas, además de la erradicación de cultivos de coca.
Detalló que el acuerdo por 18 millones de dólares también tenía el objetivo de financiar la deuda con Washington.
Doria Medina consideró en varias ocasiones que ello es respuesta al proceso de fiscalización al programa "Bolivia cambia, Evo cumple".
El líder opositor denunció falta de transparencia en la iniciativa gubernamental, y que en al menos 385 proyectos tienen cero ejecución, pese a que fuera desembolsado los recursos para su puesta en marcha.
García Linera afirmó que la privatización llevó al "descalabro nacional".
Según el vicepresidente, "hubo gente que entregó ese bien común, empresas públicas, a manos extranjeras, a privadas, lo que es de todos lo entregó a unos; esos fueron negociados terribles que llevaron a Bolivia al descalabro total, a la pobreza y a la subordinación".
Otro modelo muy cuestionado, considerado "neoliberal", es la capitalización, que consistió básicamente en la creación de sociedades de economía mixta que está constituida por aportes estatales y capitales privados.
Las bases de la capitalización se funden en la continuidad de la "nueva política económica" vigente desde mediados de los ochenta.
Esa "nueva política económica" consistió básicamente en Bolivia en entregar a precios ínfimos empresas estatales y recursos naturales a manos privadas, en la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada.
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