La ley de aborto quedará firme en Uruguay, luego que la iniciativa para convocar a un referéndum derogatorio obtuvo 8,8 por ciento de adhesiones del padrón, frente a un mínimo requerido del 25 por ciento, informó hoy la Corte Electoral (CE).
Según el último reporte disponible de la CE, con 99,7 por ciento de los circuitos escrutados, el domingo concurrieron a las urnas 232.841 personas, pero para convocar a un referéndum debían presentarse casi 655.000.
La consulta que tuvo lugar en todo el país era voluntaria, y se realizó después que detractores de la ley que rige desde diciembre recolectaran a principios de año el 2 por ciento de las firmas del padrón electoral. En Montevideo, la capital donde vive casi la mitad de la población, el porcentaje de promotores del referéndum fue de 8 por ciento.
El mayor nivel de adherentes se registró en el departamento de Rivera (frontera norte con Brasil) con 16,4 por ciento, y el más bajo en Rocha (este), que verificó 5,4 por ciento.
La presidenta del oficialista Frente Amplio (FA) e impulsora de la ley en el Senado, Mónica Xavier, destacó que "fue muy contundente el resultado", y eso "muestra que vamos por un camino que debemos seguir profundizando".
En tanto, el líder del opositor Partido Colorado (PC), Pedro Bordaberry, que convocó a la consulta, se mostró impactado por el bajo porcentaje de adhesiones.
Dijo que "lo más positivo es que los uruguayos votan lo que ellos quieren, no lo que los candidatos les decimos".
El presidente de la República, José Mujica, se ha declarado partidario de la norma.
Entre los adherentes al fallido referéndum estuvo el ex presidente y dirigente más popular del FA, Tabaré Vázquez, quien vetó una ley que habilitaba el aborto en 2008.
Vázquez indicó antes de sufragar el domingo que "hay cosas en las que no hay que medir costos políticos, y ésta es una de ellas".
Uruguay se convirtió en 2012 en el segundo país de América Latina después de Cuba en aceptar la interrupción del embarazo por la sola voluntad de la mujer en las 12 semanas de gestación.
La ley, que empezó a regir en diciembre, admite el aborto en ese plazo siempre que se realice una consulta con un equipo interdisciplinario y tras un periodo de cinco días de reflexión.