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Congreso de Ecuador aprueba polémicas reformas a Ley de Minería

Actualizado a las 14/06/2013 - 08:33
La Asamblea Nacional de Ecuador (Congreso) aprobó hoy con los votos de una mayoría oficialista un paquete de reformas a la Ley de Minería, vigente desde 2009, la cual ha enfrentado el rechazo del sector indígena y grupos ecologistas.
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La Asamblea Nacional de Ecuador (Congreso) aprobó hoy con los votos de una mayoría oficialista un paquete de reformas a la Ley de Minería, vigente desde 2009, la cual ha enfrentado el rechazo del sector indígena y grupos ecologistas.

La norma, impulsada por el gobierno del presidente Rafael Correa, fue aprobada con 105 votos de un total de 137 miembros que componen el Poder Legislativo, tras someterla a dos debates. Con la reforma, enviada a mediados de mayo con el carácter de urgente, el gobierno busca atraer la inversión extranjera en un sector clave para el desarrollo del país sudamericano.

La aprobación se dio en medio del rechazo de grupos indígenas y ecologistas que protestaron afuera del Parlamento, lo que llevó a la Policía a desplegar un operativo de control.

Las enmiendas aprobadas establecen la reducción de los trámites para otorgar una concesión, así como para la obtención de la licencia ambiental de 16 a seis meses. También contempla sanciones a quienes lleven a cabo minería ilegal.

Otra enmienda también contempla un nuevo cálculo para el pago de regalías por parte del concesionario minero, la prohibición del uso de mercurio en las actividades mineras y la obligatoriedad de los concesionarios mineros para que utilicen agua en su actividad, y devolverlas a su cauce original observando normas ambientales. La norma también impulsa el desarrollo de la mediana minería. Los indígenas han amenazado con ejercer el derecho a la resistencia, pues consideran que las reformas benefician a grandes empresas mineras y afectan derechos colectivos y a la naturaleza. El sector exigió al gobierno la realización de una consulta prelegislativa sobre las reformas a las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, pero el régimen las descartó categóricamente por no existir fundamentos.

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