El Congreso brasileño aprobó el martes unas nuevas normas reguladoras de la actividad de los puertos marítimos del país que, según el gobierno, deben ampliar espacios para la inversión privada y permitir que se modernice la obsoleta estructura de los terminales.
El Senado debe estudiar ahora la propuesta, que el gobierno presentó como una "medida provisional", un decreto dictado por el Ejecutivo que debe ser refrendado por el Parlamento, 120 días después de su publicación para entrar definitivamente en vigor.
La propuesta introduce, entre otros aspectos, la entrada de la inversión privada en los puertos públicos brasileños, algo que hasta ahora contaba con duras restricciones.
Así, las concesiones de las operaciones portuarias para los inversores extranjeros pasarían a ser por un tiempo indeterminado, siempre bajo supervisión del Estado, lo cual altera la actual regla, que las limita a 25 años
El gobierno brasileño consideró que las nuevas normas puden atraer inversiones privadas nacionales y extranjeras por 50.000 millones de reales (unos 25.000 millones de dólares) en los próximos años.
La propuesta tiene el respaldo del sector privado, que identifica en ella nuevos alicientes para la inversión y que ha denunciado en repetidas ocasiones la falta de eficiencia, antigüedad y los altos costes de los puertos brasileños y su negativo impacto sobre los niveles de competitividad de las exportaciones brasileñas.
Por contra, varios gobiernos regionales brasileños se oponen a ella, al considerar que perderían poder sobre operaciones portuarias que les generan fuertes ingresos.
La tramitación parlamentaria encontró obstáculos y el plazo para que el decreto publicado hace cuatro meses sea aprobado vencerá este jueves, por lo cual caducará si no es refrendado antes por la Cámara del Senado.
Para intentar evitar eso, tras ser aprobada hoy por la Cámara baja, la propuesta será enviada de inmediato al Senado para que la tramite con carácter de urgencia.