Uno de los principales retos del próximo presidente de México, Enrique Peña, es disminuir la violencia criminal en este país latinoamericano, que en los seis años de gobierno de Felipe Calderón arrojó al menos 47.515 muertos, según el último reporte de la Fiscalía, de enero pasado, sobre ejecuciones desde 2006.
Peña, quien asume la Presidencia el próximo sábado 1 de diciembre por un sexenio, deberá evaluar un cambio en la estrategia actual del combate al crimen organizado, en especial contra los cárteles de la droga -a los que el gobierno saliente atribuye las muertes-, han coincidido analistas mexicanos y funcionarios estadounidenses.
En enero pasado, la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) reportó que de diciembre de 2006 a septiembre de 2011 un total de 47.515 personas fueron asesinadas, crímenes que atribuyó a ajustes de cuentas entre cárteles del narco rivales.
Apenas el 14 de noviembre pasado, el gobierno de Calderón decidió ya no actualizar el volumen de asesinatos relacionados con el crimen organizado, según un anuncio del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Oscar Vega Marín.
Sin embargo, la prensa mexicana ha llevado su propio conteo de muertos, que varía según el medio. La semanario "Zeta", por ejemplo, da cuenta de alrededor de 83.000.
El pasado 27 de noviembre, en el contexto de una reunión en la Casa Blanca entre Peña y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, un alto funcionario de Washington planteó el dilema de que Peña cambie la estrategia lanzada por Calderón.
El director de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, Gil Kerlikowske, dijo que considera "apropiado" que el entrante mandatario mexicano reevalúe la estrategia antidrogas, para reducir la violencia en México.
"Creo que es apropiado que se reevalúe la estrategia, y nosotros haremos todo lo posible para darle a su administración la información y compartir datos de inteligencia para mejorar la estrategia", aseguró Kerlikowske.
A su vez, el director de Programa México y vicepresidente del Woodrow Wilson Center, Andrew Selee, dijo ese martes que los próximos gobiernos en ambos países -Obama asume un nuevo mandato en enero próximo- podría dar lugar a un nuevo tono de diálogo bilateral que se enfoque sobre temas más allá de seguridad.
En entrevista con el diario "Excélsior", el experto en relaciones México-Estados Unidos señaló que la agenda bilateral no ha cambiado, y sigue incluyendo manejo de problemas comunes en cuanto integración económica, migración y seguridad pública.
"El mayor reto que le espera a Peña es restablecer la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia y de garantizar la seguridad ciudadana", expresó, por su parte, la analista en temas sociales Olimpia Valdés.
En entrevista con Xinhua, la también experta en asuntos de seguridad señaló que al entrante mandatario mexicano "se le hereda un problema grande: seguir combatiendo al crimen organizado, pero deberá hacerlo disminuyendo los índices de violencia. Y esto no es nada fácil".
Es una tarea muy complicada porque tendrá que decidir entre retirar paulatinamente al Ejército mexicano de las calles en los estados del país con mayor grado de violencia, como son Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua, y aumentar significativamente la presencia de policías federales, opinó Valdés.
Una encuesta levantada por el diario "El Universal" y cuyos resultados se publicaron el pasado lunes 26 de noviembre, indicó que un 33 por ciento de los encuestados consideró que los narcotraficantes son los culpables de la inseguridad en México, contra 27 por ciento que opinó que era responsabilida del gobierno de Calderón.
El estudio destaca que 59 por ciento de los encuestados declaran que el futuro presidente debe mantener la lucha contra los cárteles durante todo su gobierno.
El senador del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda), Manuel Camacho, sostiene que el reto más grande que tendrá el próximo gobierno de Peña será reconstruir la autoridad política institucional para reducir la violencia y recuperar la soberanía del Estado sobre el terrritorio nacional.
En su artículo "Gobernación: diseño equivocado", publicado en "El Universal" el 26 de noviembre, Camacho Solís añade que tocante a la inteligencia, en todas las democracias es clarísimo que la inteligencia para la seguridad nacional y la seguridad pública no debe de mezclarse con la política ni convertirse en instrumento de penalización de la protesta social.
"Lo conveniente sería arribar a un acuerdo nacional que permita convenir una política de Estado en seguridad y justicia, así como mejorar el diseño institucional con un secretario del Interior que se encargue de la seguridad pública; mientras que un jefe de la oficina presidencial, o mejor aún, un jefe de gabinete, se encargaría de la política".
Los comentarios de Camacho son resultado de la primera medida tomada por Peña sobre seguridad, el promover ante el Congreso la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP, ministerio), a la Secretaría de Gobernación (Interior). Algo aún a debate.
Analisis del informe de Diálogo Interamericano sobre financiamiento chino en América Latina
Apetito chino
Contacto
Twitter
Facebook
RSS
Imprimir
Favorito
Corregir
e-mail
