El gobierno de Nicaragua estudia la conveniencia de elevar ante la ONU un reclamo para que se le reconozca el derecho soberano sobre su plataforma continental extendida que va más allá de las 200 millas náuticas, dijo este miércoles Carlos Argüello, agente del país centroamericano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
Argüello quien lideró el diferendo limítrofe en el Mar Caribe con Colombia, dijo que su país analiza la conveniencia de concurrir la Comisión de Plataforma de Fondos Marinos de las Naciones Unidas para que de una vez por todas reconozca el derecho de Nicaragua sobre su plataforma continental extendida hasta un máximo de 350 millas náuticas, según lo dispuesto por la Convención de Derechos del Mar.
Aseguró que esa nueva situación está siendo estudiada por Nicaragua ya que el tiempo de resolución de parte de la comisión especial puede tardar muchos años.
Aclaró que el reclamo de Nicaragua sobre esa plataforma continental extendida "no es que nos lo van a otorgar o reconocer, simplemente lo que tiene que hacer la Comisión de la ONU es comprobar, pero no es que esa comprobación va a darnos el derecho, el derecho ya lo tenemos, pero para que sea aceptado universalmente tiene que decir si efectivamente aquí está".
El agente de Nicaragua ante la CIJ, formuló el anuncio durante un encuentro este miércoles con miembros del Colegio de Contralores de su país que le pidieron un encuentro para conocer a fondo los extremos de la resolución de la CIJ, que otorgó a Nicaragua una amplia zona en el Mar Caribe, en la que Colombia ejercía soberanía.
La posición de Nicaragua sobre su plataforma continental extendida se conoce pocas horas después que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, revelara que su país denunció el Pacto de Bogotá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) a fin de retirarse de la jurisdicción de la CIJ, vigente desde 1948.
Con la decisión adoptada a raíz del fallo dela CIJ que otorgó a Nicaragua una vasta zona en el Mar Caribe que hasta el pasdo 19 de noviembre estaba bajo dominio colombiano, aparentemente fue tomada por el gobierno del presidente Santos para evitar futuros reclamos territoriales de terceros países, incluyendo Nicaragua, contra Colombia.