La justicia brasileña ordenó hoy el desalojo de cerca de 200 indígenas que ocupan desde la semana pasada las obras de la construcción de la represa de Belo Monte y que impiden la realización de los trabajos.
El Tribunal Regional Federal ordenó poner fin a la ocupación y bloqueo perpetrados por los indígenas en las obras en el estado de Pará (norte de Brasil), en plena Amazonia, al considerarlos "ilegales", y ordenó a la policía a desalojar a los manifestantes.
El viernes pasado, unos 200 indígenas ocuparon la zona de obras de la represa Belo Monte y anunciaron que permanecerían ahí hasta que estén terminados los estudios ambientales que certifiquen que el proyecto no afectará el ambiente en la región.
También exigen que se cumpla la norma 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que exige a empresas responsables de obras consultar a las comunidades indígenas de la zona antes de poner en marcha el proyecto.
Los opositores, de las etnias munduruku, juruna, kayapó, xipaya, kuruaya, asurini, parakaná y arara, ocupan las obras para exigir su paralización, alegando que la represa causará un desastre ambiental en el río Xingú, donde se realizan los trabajos.
Belo Monte debe convertirse, cuando acaben las obras en 2015, en la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, por detrás de la Itaipú, que comparten Brasil y Paraguay, y la china de Tres Gargantas.
Cuando esté en pleno funcionamiento, la represa tendrá una capacidad para llegar a generar hasta 11.233 megavatios en las épocas con un nivel más alto del río Xingú.Su construcción ha provocado las protestas de grupos de ecologistas e indígenas, que argumentan el impacto negativo que supondrá en la flora y ecosistema de la zona.
Las obras han sido interrumpidas en varias ocasiones por indígenas y ecologistas.
La construcción de la represa de Belo Monte requerirá la inundación de 516 kilómetros cuadrados de selva, lo cual, según opositores al proyecto, obligará a desplazar a unos 50.000 indígenas y campesinos que habitan en las riberas del Xingú.