Propiciar la impunidad y favorecer redes criminales son los señalamientos contra 18 jueces, hechos este jueves por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ente adscrito a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A través de un comunicado de prensa, el comisionado Francisco Javier Dall´Anese Ruiz aseguró que ha habido "vicios", en las resoluciones de estos juzgadores y que esto está contenido en el informe "Los jueces de la impunidad", entregado a la fiscal general Claudia Paz y Paz.
"La Cicig efectúo un análisis con base en documentos públicos sobre las resoluciones que emitieron los jueces en diversos casos. Corresponde ahora al Ministerio Público revisar las denuncias que contiene el informe y realizar el trámite correspondiente", afirma.
El comunicado establece que el informe está dentro del marco del mandato de la Comisión, que incluye denunciar a funcionarios y empleados públicos que en ejercicio de su cargo hayan cometido infracciones y en particular a quienes obstaculicen la labor de la Cicig.
"Los jueces de la impunidad incurrieron en la violación de la ley en sus resoluciones al dictar fallos contrarios al derecho, violaron la ley y favorecieron redes criminales", dijo el comisionado Francisco Dall'Anese.
La jueza Verónica Galicia, una de las sindicadas por Dall'Anese, y que era exaltada por el anterior comisionado Carlos Castresana, aseguró a Xinhua que se trata de un tema personal en contra de ella.
"Llevamos un año de pelear con la Cicig, se trata de algo personal, porqué dicen esto un año después que sucedió, esos fallos siempre fueron públicos, ellos estaban presentes cuando di las resoluciones y también la prensa", explicó.
Añadió que señaló anomalías en contra de la Cicig y que eso le atrajo la enemistad de ellos; un ejemplo fue que "se hicieron de la vista gorda que el Ministerio Público perdió evidencia en el caso de Fraijanes 2, yo lo hice público".
El caso Fraijanes 2 es una investigación por la construcción de una prisión en las afueras de la capital guatemaltecam la cual fue vendida como de máxima seguridad en 2010 en un convenio del ministerio de Gobernación (interior) con la organización no gubernamental Fundtech, que contrató una empresa supuestamente de "cartón".
La Contraloría General de Cuentas reveló anomalías en los procesos de contratación y en la ejecución del proyecto y una investigación posterior reveló que la empresa contratada por Juan Diego Lainfiesta Cajas, recientemente extraditado desde Costa Rica y su primo Rodrigo Lainfiesta Rímola fue creada sólo para el trámite, por lo que el Ministerio Público les sindica de apropiarse de los más de dos millones de dólares pagados.
La jueza Galicia explicó que la Cicig tuvo oportunidad de impugnar, pero que prefirió hacer estas sindicaciones públicas luego de un año; expresó que han tramitado tres antejuicios en contra de ella, los cuales no han prosperado debido a que el fundamento son las "mentiras".
Otros jueces consultados, quienes pidieron omitir su nombre, aseguraron que la Cicig actúa de esa manera debido a que no se han visto favorecidos con fallos.
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