QUITO, 9 may (Xinhua) -- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió hoy que declarará el "estado de emergencia" (régimen de excepción) en el pueblo indígena Sarayaku localizado en la amazonia, en caso de que sus pobladores impidan una acción policial para capturar a tres opositores sentenciados a prisión por injuriar al mandatario.
"Vamos a entrar nuevamente con la Policía Nacional, diciendo que por favor entreguen a los prófugos. Si impiden la acción de la Policía con grupos armados, declararemos el estado de emergencia", sostuvo hoy el mandatario en entrevista con Radio Ondas Carchenses en la ciudad de Quito.
Indicó que contempla que la Policía haga un nuevo intento para ingresar a esa comunidad que protege desde hace varios días a los procesados, porque lo que sucede en la comunidad Sarayaku es "gravísimo", y por tanto "no hay nada que negociar".
La advertencia de Correa se da después de que el diario "Expreso" publicó un reportaje en el que mostró imágenes donde aparecen los tres prófugos vestidos de negro y rodeados de hombres armados.
El pasado 5 de mayo, personal policiaco y de la Fiscalía acudió a la zona a bordo de dos helicópteros para verificar el sitio donde se refugian estas personas, tarea que les fue impedida por supuestos comuneros que actuaron de manera "hostil", según el gobierno.
"No podemos exponer a nuestros maestros, a nuestros médicos, a que vayan a comunidades donde descaradamente sale gente con traje de camuflaje, con las caras cubiertas, y luego dicen que son costumbres ancestrales. Por favor, ya basta de tanta hipocresía", señaló Correa.
Advirtió que "se actuará con todo el rigor de la ley y se hará todo lo que se tiene que hacer" para que se cumpla la condena que pesa contra el ex legislador del opositor Movimiento Popular Democrático (MPD), Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el médico Carlos Figueroa, quienes han sido protegidos por el pueblo Sarayaku que habita en la zona.
En enero pasado, la justicia ecuatoriana condenó a Jiménez y a Villavicencio a 18 meses de prisión por "injurias", producto de un juicio interpuesto por el propio Correa, quien los demandó luego de que la Fiscalía desechó otra demanda en contra del mandatario.
En 2011, los tres opositores acusaron al gobernante de ser responsable de delitos de lesa humanidad cometidos durante la movilización policial contra una ley salarial ocurrida el 30 de septiembre de 2010.
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