Por Omar Mendoza
SANTIAGO, 20 feb (Xinhua) -- La delincuencia no se ha reducido en Chile porque emergió la relación droga-delito, aseguró hoy el senador oficialista, Jaime Orpis, quien propuso como respuesta a este flagelo la rehabilitación y la reinserción social de los delincuentes.
Comentó que "durante décadas en nuestro país se creyó que la solución del problema de la inseguridad ciudadana pasaba por aumentar las penas y encarcelar, pero los problemas complejos, como la delincuencia, no pueden tener respuestas fáciles".
El gobierno del presidente Sebastián Piñera dio prioridad a este gran problema del país, pero los resultados no han sido los esperados a pocos días de terminar su mandato de cuatro años el próximo 11 de marzo.
Orpis recordó que el país construyó centenares de cárceles y llegó a tener los índices más altos del mundo en la relación entre personas encarceladas y número de habitantes.
"Sin embargo, la inseguridad ciudadana siguió aumentando, no disminuyó", subrayó.
Anualmente, casi el 90% de los delitos son cometidos contra hogares de estrato socioeconómico bajo, y existen barrios enteros en Chile que virtualmente están tomados por bandas de narcotráfico, lo que refuerza un ciclo negativo de violencia, aislamiento y pobreza.
A ello se agrega la enorme desigualdad social, con una gran brecha entre ricos y pobres.
Las drogas y la violencia están haciendo daño, incluso, en las escuelas, que se han convertido en lugares frecuentes de victimización de niños y jóvenes.
La mitad de los locales comerciales del país son victimizados cada semestre, uno de cada tres niños es blanco de violencia física grave, y uno de cada cuatro chilenos se siente muy inseguro caminando solo por su barrio cuando está oscuro.
Según cifras oficiales, cada año los costos sociales de la delincuencia superan toda la inversión en educación superior.
Hay otros costos: los causados a las víctimas (pérdidas de vidas, salud, días laborales y daños propiedad), el costo en prevención, investigación, persecución y penalización de la delincuencia y el gasto privado en prevención (alarmas, guardias privados, rejas, primas de seguros).
Varios estudios indican que los costos directos de la delincuencia equivalen al 2,2% del Producto Interno Bruto de Chile, que fue de cerca de 270.000 millones de dólares en 2012.
Además, se suman otros costos indirectos: los daños físicos y mentales que infligen los criminales a sus víctimas, así como la destrucción de la confianza interpersonal y el vivir con temor.
La evidencia científica muestra que la delincuencia disminuye con el crecimiento, la prevención social, la persecución penal eficaz y la confianza social, pero aumenta con las drogas ilegales, los hogares con mujeres jefas de hogar, el porcentaje de jóvenes, el desempleo, la concentración del ingreso y el tamaño de las ciudades.
A partir del 2010, el gobierno de Piñera puso en marcha el Plan Chile Seguro, que tuvo como partida la prevención del delito, es decir, intervenir temprano para que los niños y jóvenes no entren en la delincuencia.
No obstante, Orpis se preguntó: "¿Por qué habiéndose incrementado las penas y construido más cárceles, la delincuencia no bajó? Y se repondió: "No se redujo porque emergió un fenómeno nuevo en el ámbito de la seguridad ciudadana: la relación droga-delito".
En su opinión, la respuesta debe ser radicalmente distinta y "se encuentra en la rehabilitación y en la reinserción social. Y eso no es un mero capricho: está demostrado científicamente".
Basó sus argumentos en estudios de la Fundación Paz Ciudadana de los años 2005 y 2012, que indican que en el 70% de los delitos de mayor connotación social se pudo constatar una relación entre su comisión y el consumo de pasta base, cocaína y marihuana.
Mencionó que el perfil de los condenados, tanto adolescentes como adultos, más del 50% de este último grupo consume pasta base, y 20%, cocaína; es decir, el 70% tiene alguna vinculación con la droga. "Y en adolescentes la situación no cambia demasiado".
Por eso, ha propuesto "cambiar el paradigma" y el enfoque de apuntar "a la rehabilitación y a la reinserción social", lo que implica "iniciar un nuevo camino".
A su juicio, la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente, que cumplió cinco años, ha sido un fracaso, pero las recientes modificaciones que se le hicieron incorporaron los conceptos de "rehabilitación" y "reinserción social", reconociendo que faltan recursos para hacer realidad esas ideas.
"En consecuencia, estamos iniciando un camino", precisó, y ahora la respuesta debe estar no sólo en la cárcel y en las penas, sino también en la rehabilitación y en la reinserción social.
Sin embargo, para dar solución a este gran problema de inseguridad debía incorporarse de forma activa a la población, en apoyo a la Policía, como ocurre en otros países.
Desde hace más de dos décadas, Chile ha visto crecer indetenible el fenómeno de la delincuencia y cada gobierno ha puesto en práctica sus acciones, pero sin los resultados previstos.
A partir del 11 de marzo, iniciará su nuevo gobierno la presidenta Michelle Bachelet, cuyo programa promete la lucha sin cuartel contra ese flagelo y seguramente tendrá en cuenta la propuesta del legislador.
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