LIMA, 7 oct (Xinhua) -- El embargo de las ganancias que generaría las ventas del libro autobiográfico del ex presidente peruano Alberto Fujimori son legalmente sujetas de embargo para pagar las reparaciones civiles que adeuda al Estado, afirmó hoy el jurista Carlos Rivera representante de las víctimas del fujimorismo.
Precisó que la deuda del ex mandatario, cuyo monto asciende a cerca de 10 millones de dólares, no ha sido pagada hasta el momento, pese a la orden emitida por la justicia peruana que lo condenó a pagar este monto.
Fujimori, quien cumple una condena a 25 de prisión por la matanza de 25 personas y actos de corrupción millonarios, durante una década de gobierno entre 1990 y el 2000, anunció que tiene previsto publicar sus memorias, lo que ha motivado a las autoridades peruanas y a las víctimas de su régimen a reclamar el pago de las reparaciones civiles.
Rivera habló a nombre de las 15 víctimas de la matanza de Barrios Altos (1991), donde también fue asesinado un niño de 8 años, a manos del comando paramilitar "Colina", creado por Fujimori.
El jurista explicó que el ex mandatario tiene una deuda con la sociedad peruana de la que no ha pagado nada hasta el momento, pese al mandato de los tribunales.
Sobre este tema, el propio ministro de Justicia, Daniel Figallo, sostuvo recientemente que de las ganancias que pueda obtener el ex mandatario se debe cobrar la deuda millonaria que tiene con el Estado peruano y con las víctimas de sus crímenes.
Ante la perspectiva de que las autoridades de este país embarguen las ganancias del libro de Fujimori que se encuentra en preparación, ha provocado la reacción de éste, quien expresó su rechazo ante esta posibilidad.
En Perú no existe censura para que los presos no puedan editar libros, por lo que la eventual edición de su autobiografía, ya anunciada por Fujimori, ha despertado las esperanzas de la justicia peruana para cobrarle la deuda que tiene con este país.
De acuerdo a la Procuraduría Anticorrupción, durante la década del régimen fujimorista, solo uno de los procesos trata del desvío de fondos estatales por 15 millones de dólares, sin destino conocido, aunque se han encontrado otras cuentas familiares en Japón, Estados Unidos y Suiza, aún en proceso de repatriación.