El presidente chileno Sebastián Piñera, de derecha, evalúa el término de los privilegios carcelarios que tienen los uniformados y civiles que cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos, informó hoy el gobierno.
"El presidente comentó en el comité político que está evaluando cerrar el Penal Cordillera. Esa es una decisión que se va a tomar en los próximos días, después de una evaluación", dijo Cecilia Pérez, ministra portavoz de Gobierno.
La conmemoración de los 40 años del Golpe Militar de 1973, el pasado 11 de septiembre, volvió a reabrir el debate en el país sobre las violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
Al respecto, en entrevista, el propio presidente Piñera criticó los privilegios que gozan el medio centenar de militares y civiles condenados por delitos de lesa humanidad en los penales de Punta Peuco y Cordillera.
Piñera fustigó, especialmente, que en esta última cárcel, en la precordillera de la capital, unos 40 custodios vigilen a cerca de 10 condenados, y aseguró que encargó un estudio para evaluar un cambio.
En el penal Cordillera cumple condena la cúpula de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), la policía secreta de Pinochet, encabezada por su ex director el general Manuel Contreras, quien suma condenas por más de 300 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
Ambos penales han sido descritos como cárceles de lujo por medios locales, donde los condenados conviven en cabañas equipadas, con amplia capacidad de movimiento, canchas de tenis, televisión por cable, entre otros privilegios que distan de las condiciones de hacinamiento de la población penal en general.
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