El gobierno uruguayo ensaya un plan piloto que ofrece mejoras en infraestructura, servicios sociales y seguridad para siete barrios pobres de Montevideo y la zona metropolitana que espera replicar en otros asentamientos.
"No es posible pensarlo sólo como un proyecto de fortalecimiento de equipos sociales sino que lo es de toda una trama urbana, que incluye la mejora de calles y senderos", explicó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker.
A nivel urbano, el denominado "Plan Siete Zonas" incluye la construcción de plazas, centros deportivos y centros cívicos, la iluminación de las calles y la erradicación de basurales.
En materia social, se desplegarán en esas zonas herramientas de protección a la infancia y adolescencia y los bonos transitorios para la atención en guarderías privadas.
NUEVO MODELO
La inversión es de unos 34 millones de dólares que beneficiará a unas 32.000 personas, en un país de 3,4 millones de habitantes.
El programa se instrumentará en los barrios montevideanos Marconi, Cantera del Zorro, Chacarita de los Padres, Santa Teresa e Ituzaingó y en los del vecino departamento de Canelones, Vista Linda, Obelisco, y Villa Manuela.
Para Olesker, esta iniciativa debe considerarse como un nuevo "modelo de gestión" que implica "una fuerte coordinación" y una nueva relación "entre la centralidad, para definir los objetivos, y el territorio, para implementarlos".
Mencionó como metas el desarrollo del "equipamiento social, infraestructura, alfabetización, identidad y revinculación de los jóvenes con el estudio y el trabajo".
Admitió que las zonas donde se aplica el plan "no son la única trama urbana del país en la que hay que intervenir".
"Pensamos que si esto funciona bien, tanto los objetivos particulares como esta mirada unitaria sobre cómo definir prioridades, puede ser universalizado para atender los problemas de la población", sostuvo.
Con la presencia del presidente de la República, José Mujica, se firmaron el martes siete convenios entre el gobierno nacional y las intendencias de Montevideo y Canelones, instituciones estatales, privadas y sindicatos.
La pobreza en Uruguay, medida por los ingresos, bajó en 2012 hasta 12,4 por ciento completando ocho años de descenso permanente tras situarse en 2004 en casi 40 por ciento.
Mujica se comprometió al asumir en 2010 a llevar la pobreza a un 10 por ciento y eliminar la indigencia para el fin de su gestión en marzo de 2015.
El plan lanzado esta semana también tiene estrecha vinculación con la inseguridad pública, un fenómeno que se convirtió en el principal problema para los uruguayos desde 2009, según distintas encuestas.
En opinión del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, "no es deseable ni sostenible una estrategia de seguridad pública basada en una respuesta policial cuyo componente central sea la saturación permanente de zonas bajo el control policial".
"Las políticas de seguridad solas, sin complementación social, no tienen resultado", enfatizó.
Por eso, el ministerio del Interior se plegó a la propuesta, comentó Bonomi, quien prometió mejorar la presencia policial en esos barrios y la participación activa de la policía comunitaria para "mejorar la convivencia".
Como parte del plan se suscribió un convenio entre la Cámara Uruguaya de la Construcción y el sindicato del ramo que permitirá a los beneficiarios acceder a cursos de capacitación y pasantías en constructoras.
Además, la empresa Hípica Rioplatense, que administra los dos principales hipódromos del país, se comprometió a capacitar y brindar oportunidades laborales a los habitantes de estos barrios pobres.
El Consejo de Educación Inicial y Primaria habilitará cursos para quienes quieran continuar con su carrera educativa, entre otras iniciativas.
Olesker remarcó que este programa "pretende cambiar la lógica de convivencia mejorando la infraestructura, la situación social de las personas y dando oportunidades a jóvenes y adolescentes vinculados al estudio y al trabajo".
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