El gobierno de Brasil consideró hoy que las denuncias de espionaje contra la presidenta Dilma Rousseff por parte de Estados Unidos son un hecho "muy grave" que, si se comprueba, constituye una "inadmisible e inaceptable violación de la soberanía", y agregó que espera una respuesta formal por escrito del gobierno de Barack Obama.
En rueda de prensa tras una reunión de emergencia con la presidenta Rousseff, los ministros de Justicia, José Eduardo Cardozo, y de Relaciones Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, expresaron la insatisfacción del gobierno brasileño con la situación.
Cardozo recordó que la violación afectó a un jefe de Estado de un país pacífico, lo que no se conduce con dos naciones que mantinen una relación de alianza estratégica.
La semana pasada, el ministro de Justicia estuvo en Washington para discutir las denuncias con el vicepresidente Joe Biden, a quien transmitió que hubo situaciones no sólo en cuestiones de seguridad sino también en el plano político.
"Mencionamos que a pesar de que las afirmaciones formales del gobierno de Estados Unidos de que el espionaje se debía a situaciones de terrorismo o temas vinculados, dijimos que podría haber ocurrido con la diplomacia brasileña y en interceptaciones previas a una reunión del Consejo de Seguridad", señaló el ministro.
Recordó que llevó una propuesta para establecer un acuerdo con términos claros para que las interceptaciones sólo puedan ser hechas con autorización judicial, manteniendo la presunción de inocencia, para que tanto EEUU como Brasil pudieran solicitar acceso a informaciones dentro de un protocolo cuando hay indicios de prácticas criminales.
"Nos dijeron que el gobierno de Estados Unidos no concordaba en hacer un acuerdo en esos términos, no sólo con Brasil sino con ningún otro país", afirmó.
El canciller Figueiredo ratificó que la posición del gobierno es que la violación es "inadmisible e inaceptable", lo que fue transmitido en la reunión que mantuvo esta mañana con el embajador Thomas Shannon de manera "muy clara", a quien se pidió una explicación oficial por escrito sobre lo sucedido.
"A veces se cree que diplomacia es decir las cosas de forma sinuosa, las cosas fueron dichas de forma muy clara. El embajador se comprometió a entrar en contacto con la Casa Blanca hoy mismo para narrar nuestra conversación, para que nos envíen por escrito las explicaciones formales que el caso requiere", afirmó.
Figueiredo dijo también que no hablaría sobre el programado viaje a Washington en octubre de la presidenta Dilma Rousseff hasta no recibir una respuesta al pedido de explicaciones, pero reafirmó que Brasil llevaría el caso a varios foros internacionales.
"Brasil estará llevando estas cuestiones a varios foros, inclusive en el área de derechos humanos. Conversaremos con nuestros socios, tanto de países desarrollados como de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), para evaluar cómo ellos se protegen para lidiar con un tema grave como éste", dijo.
El canciller anticipó que Brasil propugnará un debate para que haya una gobernanza internacional que prohíba la exposición de los ciudadanos y de los gobiernos a sus datos y a su privacidad.
"Queremos un acuerdo para regulamentar el uso de internet, no para cercenar derechos sino para proteger derechos. Queremos que sea una verdadera libertad para que empresas, ciudadanos y gobiernos no sean blanco de violaciones de ese tipo", señaló.
El canciller concluyó que la respuesta brasileña al caso "dependerá del tipo de respuesta que sea dada" por Estados Unidos.
Documentos divulgados la noche del domingo por la red de televisión Globo indican que Rousseff y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, fueron objeto de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, según la sigla en inglés) estadounidense.
El material corresponde a una presentación interna de la NSA denominada "Filtrado inteligente de datos: estudio de caso México y Brasil", obtenido por el periodista británico Glenn Greenwald de manos del ex agente de inteligencia Edward Snowden, actualmente refugiado en Rusia.
El documento, de junio de 2012, muestra que fueron recogidas informaciones a partir de los números telefónicos, emails e IP (identificación de computador) de Roussseff y Peña Nieto, entonces candidato a la Presidencia mexicana.
La denuncia se suma a otras divulgadas en julio que revelaron que la NSA practicaba un espionaje masivo sobre comunicaciones electrónicas y telefónicas en Brasil, donde habría montado una base con agentes de inteligencia que se hacían pasar por diplomáticos.
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