El ministro boliviano de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, culpó hoy a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) de impedir que la Ley de Pensiones en Bolivia, aprobada hace dos años, entre en plena vigencia, lo cual perjudica a más de 13.000 trabajadores con acceso al Fondo Solidario de jubilación.
Arce acusó en conferencia de prensa a la dirigencia de la COB por no autorizar el envío de las modificaciones a la Ley de Pensiones a la Asamblea Legislativa Plurinacional, tal como indica uno de los acuerdos efectuados con el gobierno.
Las modificaciones propuestas por el Ejecutivo a la Ley de Pensiones se encuentra en estudio por parte de la principal central obrera del país, sin embargo a la fecha no emite un criterio para que los legisladores den el visto bueno.
El ministro boliviano dijo que entre los beneficios de la medida propuesta están los valores máximos y mínimos en la escala de la pensión solidaria para todos los sectores, así como la reglamentación de inversiones, la elaboración del Manual Unico de Calificaciones y el número de papeletas para tener acceso a la jubilación.
Arce explicó que mientras no se acuerden las modificaciones a esta norma, la misma no puede ser enviada a la Asamblea Legislativa, debido al convenio firmado en la población altiplánica de Caracollo, en el cual se establece que toda modificación de la Ley de Pensiones debe ser acordada entre el gobierno nacional y la COB.
La COB analiza la propuesta del gobierno para la modificación de dos artículos de la Ley de Pensiones 065 y 18 artículos del Decreto Supremo 822 que reglamenta esta norma.
El secretario de Organización de la COB, Octavio Urquizo, dijo este martes que el documento será debatido en cada sindicato y en un plazo de 15 días se realizará un "ampliado nacional" (encuentro) para definir una respuesta.
"El gobierno no quiere revisar la Ley de Pensiones y nos han propuesto discutir 18 artículos del Decreto Reglamentario 822 que habíamos planteado", señaló.
El pasado 21 de mayo la COB realizó un ampliado nacional, en el cual determinó levantar la huelga general que duró 16 días y aceptó la propuesta del Poder Ejecutivo sobre una pensión solidaria con límites.
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