RIO DE JANEIRO, 16 jul (Xinhua) -- El canciller brasileño Antonio Patriota negó hoy que la Alianza del Pacífico tenga la misma finalidad del Mercado Común del Sur (Mercosur), del que destacó que "está vivo y dinámico" pese a la polémica surgida a raíz de la suspensión de Paraguay el año pasado y el ingreso de Venezuela al grupo.
En un encuentro con corresponsales internacionales en Sao Paulo, Patriota aseguró que la Alianza del Pacífico, que componen Chile, Colombia, México y Perú, no es un proyecto de "profunda integración" como sí los es el Mercosur.
"La Alianza del Pacífico es un esfuerzo que reúne países con características semejantes, pero es una alianza, no una zona de libre comercio, una unión aduanera o mucho menos un proyecto de integración profunda como el Mercosur", dijo el ministro de Exteriores de Brasil.
Patriota quiso destacar la vigencia que tiene el Mercosur en el subcontinente sudamericano, y recordó que a partir de 2019 entrará en vigor una zona suramericana de libre comercio, próxima a otros bloques, como es la Comunidad del Caribe (Caricom).
"Cuando digo que la Alianza del Pacífico es márketing o que se trata de un empaque nuevo de un producto existente no quiero disminuir nada, pues se trata de países que son importantes para Brasil, y Brasil espera que su esfuerzo contribuya para dinamizar esas economías y eleven el nivel de vida", dijo el canciller.
Patriota también comentó las recientes palabras del presidente electo de Paraguay, el millonario Horacio Cartes, quien rechazó el ingreso de Venezuela como miembro pleno del Mercosur, bloque en el que también se integran Argentina, Brasil y Uruguay.
"Son declaraciones de un presidente electo, es importante acompañar y seguir lo que dirá cuando esté en pleno ejercicio del poder a partir del 15 de agosto", declaró el ministro brasileño, para quien es "un gesto importante" que Paraguay haya vuelto a ser aceptado como miembro del grupo con plenos derechos por parte de los demás países.
Los tres socios decidieron suspender a Paraguay del grupo como castigo por la fulminante destitución en juicio político en junio de 2012 del entonces presidente progresista Fernando Lugo, al entender que hubo un "quiebre democrático".