El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, afirmó hoy que la decisión sobre el mecanismo que debe ser implementado para una reforma política en el país debe ser definido por el Congreso.
"El pueblo tiene que ser escuchado para que tengamos un sistema político legítimo. (...) Si ustedes toman el discurso de la presidenta (Dilma Rousseff), eso fue lo que se dijo. Es obvio que tenemos diferentes tesis. Una de las tesis es la de la Asamblea Constituyente, que muchos defienden. Ninguna de las tesis debe ser ignorada. La decisión es del Congreso", afirmó.
La Constitución brasileña de 1988 establece como competencia del Congreso aprobar la convocatoria de plebiscitos, por lo que el gobierno necesita obtener un apoyo masivo de los legisladores para que la propuesta sea aprobada.
Rousseff justificó su propuesta en el hecho de que la reforma política estuvo en varias ocasiones en la agenda del Congreso en los últimos años, pero la falta de acuerdo hizo que su tratamiento fuera suspendido.
Tras una reunión con la presidenta Rousseff y representantes de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), Cardozo explicó que el gobierno considera fundamental la partipación popular en el proceso.
"Creemos fundamental que la reforma política debe pasar por un proceso de amplia discusión con la sociedad. Y el plebiscito tiene un papel muy importante para que esa reforma ocurra", dijo Cardozo.
"Cuando la presidenta habló, se refirió a un proceso constituyente específico. No habló de una Asamblea Constituyente, no habló de un plebiscito con preguntas que orientasen las decisiones del Congreso", agregó Cardozo.
Sin embargo, destacó que no se tiene una fórmula única sobre cuál deberá ser el mecanismo para llevar a cabo la reforma.
Por su parte, el presidente de la OAB, Marcos Vinicius Coelho, dijo al salir de la reunión con Rousseff que "el gobierno salió convencido de que convocar a una Constituyente no es adecuado".
La Orden de Abogados presentó a la mandataria una propuesta para modificar la legislación electoral sin alteraciones de fondo en las formas de representación política en el país.
La propuesta sería presentada a la población en forma de preguntas en un plebiscito, a las cuales los electores votarán por "sí" o por "no", incluyendo definiciones sobre financiamiento público de campañas, elección parlamentaria en dos vueltas y el voto en lista cerrada.
De acuerdo con el ministro Cardozo, el gobierno consideró la propuesta "interesante".
"El gobierno no abrazó ni dejó de abrazar (la propuesta). Sólo estoy diciendo que es una propuesta interesante que presenta una solución que no necesitaría de cambios en la Constitución", apuntó.
La idea de una Constituyente exclusiva para una reforma política lanzada por Rousseff enfrentó fuertes críticas de juristas, quienes afirmaron que si es convocada, sus integrantes deben tener libertad para reformar toda la Constitución y no necesitarían restringirse exclusivamente a un solo tema.
La reforma incluiría definiciones sobre financiamento de campaña para los partidos políticos, restringir el aporte de las empresas privadas, y un sistema de dos vueltas para la elección a los cargos legislativos, por la que habría una primera votación entre partidos, y luego en una lista de candidatos de representación proporcional.
El cambio obligaría a los partidos políticos a presentar sus programas y banderas, e impediría la práctica habitual en el país de candidatos que se presentan por una agrupación y luego de electos cambian de partido.
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