La Ley de Comunicación de Ecuador, aprobada el 14 de junio por una amplia mayoría oficialista en la Asamblea Nacional (Congreso), entró hoy en vigencia con su publicación en el Registro (diario) Oficial.
La ley se publicó luego de que el pasado sábado el presidente Rafael Correa, promotor de la iniciativa, sancionó favorablemente el texto sin ningún cambio.
La norma busca frenar lo que el presidente Rafael Correa ha juzgado como "abusos de cierta prensa" de derecha, con la que mantiene un duro enfrentamiento desde que llegó al poder en 2007.
En lo medular, la ley crea un Consejo de Regulación de Contenidos, y establece sanciones administrativas a los medios de comunicación, pero no tendrá la posibilidad de suspenderlos, ni de clausurarlos.
También establece una distribución equitativa de frecuencias de radio y televisión, reduciendo así la participación del sector privado que controlaba el 85,5 por ciento de las frecuencias radiofónicas y el 71 por ciento de las televisivas, según la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Asimismo, da prioridad a la producción nacional, prohíbe la concentración o monopolio de frecuencias, crea una Superintendencia de la Comunicación y la Información, una instancia de vigilancia, auditoría y control con capacidad sancionatoria. De igual manera, incorpora la figura del linchamiento mediático, según la cual, los medios deberán abstenerse de difundir información concertada y reiterativa de manera directa o por terceros destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica o a reducir su credibilidad pública.
La ley ha recibido una serie de críticas de gremios de prensa y organismos internacionales de defensa de los periodistas, que consideran que varias de las disposiciones limitarán el trabajo de la prensa en el país sudamericano.
De acuerdo con el gobierno, la ley "representa una contribución para la democracia y para fortalecer el acceso a la información veraz y oportuna" en el país.