(SPANISH.CHINA.ORG.CN) –El empresario Marcos Valério ha sido convocado por la Policía Federal, la cual se encuentra a cargo de investigar las acusaciones que éste hizo en contra del ex presidente Lula da Silva, a fin de que esclarezca las declaraciones hechas en septiembre pasado al Fiscal General del Estado, Robero Gurgel. Tanto la fecha y el lugar del encuentro de Valério, condenado a 40 años de cárcel en el proceso del mensalão, están bajo secreto policial.
La policía pretende que, antes de emitir un juicio, Valério ofrezca mayores informaciones y datos concretos respecto a las graves acusaciones que hizo en contra de Lula y del ex ministro de Economía, Antonio Palocci.
Entre las denuncias de quien fue el operador financiero del escándalo de corrupción del mensalão, figura que el Gobierno del PT habría recibido 7 millones de dólares de Portugal Telecom, tras un acuerdo llevado a cabo entre Lula, Palocci y el entonces presidente de Telecom, Miguel Horta.
Valério habría entregado los números de las cuentas bancarias que habrían recibido el dinero por el valor de dicho acuerdo y el cual habría sido pagado a través de cuentas de proveedores de la empresa portuguesa en Macao (China) a los expertos en publicidad, Duda Mendoza y Nizan Guanaes, encargados de la imagen de Lula en las elecciones que, en 2002, lo llevaron al poder.
Francisco Guilherme Vollstedt Bastos, fiscal de la República, señaló que las acusaciones indican una "suma de crímenes de corrupción pasiva, corrupción activa, blanqueo de dinero, evasión de divisas e ilegalidades fiscales”, por lo cual se hizo necesario que la policía convocara al empresario.
Los fiscales de Brasilia recibieron de la Fiscalía General de la República la investigación, pues tanto Lula como Palocci no gozan del privilegio del foro y deben ser juzgados en primera instancia.
El Fiscal General consideró en su momento, que no existían pruebas en contra de Lula, por lo cual no había sido incluido en el proceso del mensalão. Aunque Valério siempre había exonerado a Lula de participar en el esquema de corrupción, decidió involucrarlo luego de ser condenado a 40 años de prisión y sentirse, en sus palabras, abandonado por el PT.
El Partido de los Trabajadores (PT) enfatiza que la acusación no es contra Lula, sino contra un presunto “uso ilegal” de donaciones en la campaña que lo convirtió en presidente.
Tal vez esta sea la razón por la cual hoy el PT está defendiendo en el Congreso, en el debate sobre la reforma política, que los partidos solo puedan ser subvencionados por el Estado y que sea “crimen”, como aseguró el propio Lula, recibir dinero de empresas privadas.
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