La iniciativa múltiple del gobierno argentino para reformar el Poder Judicial generó polémica en el país, con cruces entre el oficialismo y la oposición, una denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por la presunta ruptura del orden constitucional y una huelga de trabajadores del sector.
La administración de la presidenta Cristina Fernández presentó en los últimos días seis proyectos para reformar el Poder Judicial, tres de carácter técnico en la Cámara de Diputados, y tres considerados centrales en el Senado.
Las iniciativas obtuvieron media sanción en las respectivas cámaras y ahora, entre mañana miércoles y el próximo jueves, el oficialismo, que tiene mayoría pero no los votos propios suficientes, buscará aprobarlas.
Los proyectos que menos reparos generaron son los vinculados a la difusión de las declaraciones juradas de los bienes que poseen los magistrados; la difusión en Internet de las sentencias que se adopten y el que propugna ocupar cargos menores por sorteo y concurso en lugar del régimen actual, que es discrecional y de manera directa.
Las iniciativas polémicas son la creación de tres cámaras de casación, lo cual puede generar una nueva instancia judicial y restar competencia a la Corte Suprema; la elección por voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, que elige y remueve jueces; y la limitación de las medidas cautelares contra decisiones del Estado.
Al justificar la batería de proyectos, la presidenta Fernández consideró necesario que la justicia logre un equilibrio en los derechos de toda la sociedad.
"No podemos aceptar más la violencia y la extorsión, por eso queremos una justicia legítima, ágil y para todos los argentinos", enfatizó.
"En las democracias, las mayorías gobiernan en los tres poderes", agregó días atrás la diputada oficialista Diana Conti, titular de la crucial comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara baja.
Las iniciativas oficiales coinciden con dos sonoros reveses del gobierno ante la justicia, batallas ampliamente comentadas en el ambiente político local.
Uno está referido a la aplicación de la denominada Ley de Medios, sancionada en 2009 para evitar monopolios, y que el poderoso Grupo Clarín ha logrado evitar al obtener medidas cautelares de distintos tribunales.
El otro es un proyecto del gobierno para expropiar el tradicional y exclusivo predio en Buenos Aires de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que también lo evitó a raíz de una medida cautelar.
Tanto Clarín como la SRA están enfrentados con el gobierno.
El límite temporal al pedido de medidas cautelares -- las cuales no pueden extenderse más de seis meses en las causas patrimoniales contra el Estado -- y la elección por el voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura fueron los proyectos que más polémica crearon.
Este martes la diputada opositora Elisa Carrió presentó su postura ante la OEA, al señalar que las iniciativas del gobierno suponen la "violación del orden constitucional".
"El partido gobernante quiere la Justicia para sí", dijo Carrió ante la OEA.
En igual sentido se expresaron los demás partidos de la oposición, desde la Unión Cívica Radical (socialdemocracia), hasta el Frente Amplio Progresista (centroizquierda), pasando por el PRO (centroderecha) y el Partido Obrero (Izquierda).
Por su parte, los empleados judiciales comenzarán mañana miércoles una huelga de tres días en rechazo a las reformas por considerar que "afectan a todos los trabajadores argentinos, a los judiciales en particular, a los jubilados y a la independencia de poderes", dijo el jefe gremial, Julio Piumato.
La Academia Nacional de Derecho (AND) expresó su "preocupación y desacuerdo con los proyectos", que criticó por "inconsultos".
"Se encuadran en una progresiva desarticulación del sistema institucional impuesto por la Constitución" de 1853, señaló a Xinhua Gregorio Badeni, titular de la AND.
De acuerdo con la entidad, las reformas "distan de respetar los objetivos constitucionales destinados a consolidar un Poder Judicial eficiente y a salvaguardar la independencia y estabilidad de los magistrados judiciales".
Por el contrario, el colectivo Justicia Legítima, integrado por jueces y funcionarios judiciales cercanos al gobierno, emitió un comunicado en el que se mostró "convencido de que las estructuras corporativas suelen ser resistentes a los cambios" y ratificó su "compromiso con el impulso de una profunda transformación cultural".
A la espera de dos largas jornadas de debates mañana miércoles y el jueves en la Cámara de Diputados y en el Senado, la oposición montó este martes una carpa frente al Congreso con el objetivo de "impedir que se conviertan en ley la reforma del Consejo de la Magistratura y la que regula las medidas cautelares".
El teléfono móvil cumple 40 años
Viaje por China: cada día más fuera del alcance
Contacto
Twitter
Facebook
RSS
Imprimir
Favorito
Corregir
e-mail
