La Cámara de Diputados de Chile aprobó esta mañana la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer, por incumplir su responsabilidad de fiscalización del sistema de educación superior.
Por 58 votos a favor y 56 en contra, los diputados chilenos respaldaron la acusación contra el ministro Beyer, a quien se le imputa no ejercer su rol de fiscalización y no investigar las irregularidades de algunas universidades privadas, pese a informes al respecto.
Los partidos de oposición y los independientes lograron un acuerdo para aprobar la acusación, para lo cual incluso dos diputados que se encontraban enfermos interrumpieron su convalecencia para ir a votar.
Con este resultado, el ministro Beyer quedará suspendido de sus funciones hasta que se decida la situación en el Senado, donde la oposición tiene amplia mayoría por lo que se espera su aprobación.
La acusación constitucional contra Beyer surge de críticas por su papel en la fiscalización de las universidades privadas.
En medio de la crisis educativa del país y las protestas estudiantiles que se desarrollan desde el año 2011, surgieron diversas acusaciones contra universidades privadas contrarias a la ley en Chile.
Un informe de una comisión de diputados investigó y acusó a siete universidades por lucrar, lo que prohíbe la ley chilena. Beyer desestimó las acusaciones. Cuando el informe llegó a la Fiscalía Nacional se inició una investigación que condujo a la detención de dos ex rectores de establecimientos privados por sobornos a un miembro de la agencia encargada de la acreditación de las instituciones de educación superior.
El caso más emblemático toca a la Universidad del Mar, que inmersa en numerosas irregularidades perdió su reconocimiento encontrándose en proceso de cierre.
Unos 17.000 alumnos quedaron con incertidumbre sobre su futuro.
En tanto, un grupo de diputados de oposición decidió presentar una acusación constitucional, por abandono de los deberes que indica la Constitución a un ministro, por permitir el lucro.
Durante la exposición de los argumentos sobre la acusación, la diputada Alejandra Sepúlveda enfatizó que "la acusación precede por los diversos incumplimientos legales del ministro, es consecuencia de reiteradas instancias en que se ha pretendido enmendar la situación sin éxito".
Añadió que "Cuando hablamos el informe de la educación superior acá hay responsabilidades de todos, pero este ministro de Educación recibió todas las denuncias para investigar los que significaba el lucro de la educación y no hizo absolutamente nada".
En defensa de Beyer habló el abogado Enrique Barros, quien adujo que una acusación constitucional no procede, porque este es un mecanismo elaborado para hechos de extrema gravedad.
Barros sostuvo que esta acusación es improcedente porque "asume erróneamente que el ministro tiene facultades fiscalizadoras" y "porque se basa en acusaciones que tienen falta de mérito, que no dan a lugar a un juicio jurídico constitucional".
Beyer también se dirigió a los diputados e insistió en que el ministerio de Educación tiene "modestas atribuciones" para fiscalizar las instituciones de educación superior y destacó que ha recibido el respaldo de ex ministros de Educación de gobiernos anteriores.
"Me parecen tan injustas y faltas a la verdad las acusaciones de haber faltado a la verdad, control jerárquico y fiscalización", aseguró.
Al finalizar la sesión, se constituyó una nueva comisión encargada de llevar la acusación al Senado, donde se resolverá la situación.
De concretarse la acusación Beyer no sólo dejará el cargo, sino que quedaráimposibilitado de tener un puesto en la administración pública por un período de cinco años.
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