El Gobierno brasileño está realizando gestiones secretas para solucionar el caso del senador boliviano Roger Pinto, asilado en la embajada de Brasil en La Paz desde hace diez meses, informaron hoy fuentes oficiales.
En una comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el Canciller brasileño, Antonio Patriota, aseguró que su gabinete está "haciendo gestiones" para buscar una solución al caso, aunque se abstuvo de dar más detalles porque "es preferible que sigan en un plano confidencial".
Roger Pinto se encuentra refugiado en la embajada brasileña en La Paz desde el pasado 28 de mayo, alegando una persecución del Gobierno de Evo Morales. Diez días después, el Gobierno brasileño le concedió la condición de asilado político, aunque el senador todavía no ha podido abandonar el recinto porque el Ejecutivo boliviano le niega un salvoconducto, alegando que debe responder a diversos procesos por supuestos actos de corrupción.
El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil recordó que recientemente, se creó una comisión de trabajo entre los dos países para resolver la situación de Pinto que está trabajando "con voluntad negociadora y de diálogo".
Patriota garantizó que Pinto cuenta en la embajada brasileña en Bolivia de "toda la protección del Estado brasileño", y prometió "garantizar su seguridad física".
El Canciller brasileño no quiso relacionar el caso de Pinto con la la detención en Bolivia de doce aficionados del club de fútbol brasileño Corinthians, acusados de la muerte de un joven durante un partido de la Copa Libertadores disputado en la ciudad boliviana de Oruro recientemente, tras las insinuaciones de algunos miembors de la Comisión de Relaciones Exteriores de que la detención se debe a supuestas "represalias" por el asilo dado a Pinto.
Son casos "separados y sin vinculaciones" entre ellos, dijo Antonio Patriota, quien , pero Patriota enfatizó que se trata de casos "separados" y "sin vinculaciones", y mostró su confianza en que los hinchas brasileños detenidos puedan demostrar su inocencia y que sean beneficiados con un hábeas corpus, que les permite responder a las acusaciones en libertad, bien sea en Bolivia o en Brasil.
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