El Ministerio de Defensa de Colombia lanzó hoy "un protocolo y una cartilla" para evitar casos de violencia sexual perpetrada por la fuerza pública contra mujeres y niños, en el contexto del combate oficial a las guerrillas.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, al presentar el "Protocolo para la Fuerza Pública en el manejo de la violencia sexual, con énfasis en la violencia sexual con ocasión del conflicto armado", dijo que esta guía pone a Colombia a la vanguardia mundial en derechos humanos y en prevenir casos de agresiones contra la población civil.
En su discurso, Pinzón sostuvo que en una década más de 27.000 mujeres sufrieron violencia sexual, en el contexto del conflicto armado interno, pero que en sólo 2 por ciento de los casos se presume responsabilidad de miembros de la fuerza pública.
"En la medida en que en el país aún hayan terroristas, o cualquier otro tipo de organización que atente contra la vida, ahí está la fuerza pública, y esto que se ha hecho hoy, refleja el deseo de tener estándares internos más elevados que cualquier otra organización no sólo en el país sino a escalas latinoamericana y mundial", dijo.
Según el ministerio de Defensa, la cartilla operativa "contiene herramientas" contra la impunidad frente a la violencia sexual y el protocolo "brinda a las fuerzas públicas pautas y rutas a seguir", cuando se presenten casos de esta naturaleza.
En el protocolo, se advierte a militares y policías que todas las denuncias de abusos sexuales en los que estén involucradas las fuerzas públicas serán investigados por la justicia ordinaria, no la militar, y que dependiendo de su gravedad, incluso se turnarían a instancias internacionales que los juzgue a nivel de crímenes de lesa humanidad.
Recuerda que las violaciones sexuales pueden acarrear penas de cárcel de hasta 32 años de cárcel, que pueden aumentar si esos delitos involucran a servidores públicos.
El protocolo se acompaña con una cartilla, que será entregada a cada soldado y policías, en la que se describe el delito y se orienta a las víctimas sobre como proceder.
En la cartilla se especifica las clases de violencia sexual, desde "manoseo", el abuso a menores de 14 años y a personas discapacitadas.
Al respecto, la periodista Jineth Bedoya, víctima de abuso sexual perpetrado por paramilitares y principal promotora del protocolo, dijo a Xinhua que la iniciativa surgió tras reunirse en marzo pasado con la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama.
"Sin lugar a duda, en la última década podemos hablar de que hay registrados oficialmente más de 400.000 casos de mujeres violadas en medio del conflicto, donde el cuerpo de la mujer ha sido tratado como arma de guerra", expuso.
Señaló que el número de abusos sexuales por parte de la fuerza pública también es significativo por lo que es necesaria la puesta en marcha de este protocolo para evitar que muchos casos sigan en la impunidad y que salgan a la luz otros no denunciados.
"Son 400.000 casos que han sido registrados, pero creemos que otros no denunciados por temor, vergüenza o amenazas, podrían triplicar esta cifra", precisó.
También manifestó que se han dado avances en los procesos del programa de Justicia y Paz en donde miembros de grupos armados ilegales han reconocido la utilización del abuso sexual como arma de guerra, pero todavía se requiere más compromiso.
Consideró importante que las fuerza públicas sirvan de ejemplo para que los grupos armados ilegales sigan este protocolo y acaben con esta práctica a la vez que destacó la labor de organizaciones no gubernamentales que trabajan en combatir este delito.
"Creo que las organizaciones de mujeres han hecho un trabajo loable, sacrificado de decirle al hombre armado, a todo hombre que tiene un uniforme y un fusil en su mano, que está cometiendo un atropello no contra el país sino contra la sociedad, contra el núcleo familiar de Colombia al agredir a una mujer", expresó.
La periodista recibió el premio "Mujeres de Coraje" de manos de de Michelle Obama y de la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, tras denunciar su propio caso que fue declarado crimen de lesa humanidad por la Fiscalía general colombiana.
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