El gobierno brasileño negó este domingo haber usado dinero público en la construcción o reforma de los estadios que serán utilizados durante el Mundial de fútbol en 2014, una de las causas de las multitudinarias protestas que sacuden Brasil desde hace dos semanas.
Un comunicado divulgado por el Ministerio de Deportes asegura que los recursos públicos utilizados en las obras fueron parte de préstamos que los responsables de cada uno de los 12 estadios tendrán que devolver al gobierno.
Los estadios que acogerán el Mundial, incluyendo los seis ya inaugurados y en los que se disputa por estos días las Copa Confederaciones, pertenecen a gobiernos regionales, como el caso del Maracaná de Río de Janeiro y el Mané Garrincha de Brasilia, o a empresas privadas.
Tres de los 12 estadios pertenecen a clubes de fútbol, como el caso del Beira-Río de la ciudad de Porto Alegre (Internacional), el Arena da Baixada de Curitiba (Atlético Paranaense) y el Itaquerao de Sao Paulo (Corinthians).
El Ministerio de Deportes aseguró que "no hay ningún centavo del presupuesto de la Unión (gobierno central brasileño) destinado a la construcción o reforma de los estadios para el Mundial" y que el gobierno federal se limitó a ofrecer a los constructores de los estadios una línea de crédito a través de su banco de fomento, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), con intereses, plazos y garantías bancarias normales.
No obstante, el gobierno reconoció que se ofrecieron algunas exenciones fiscales para incentivar la construcción o reforma de los estadios, pero que tal renuncia fiscal no puede ser considerada como un gasto.
"Las exenciones fiscales no pueden ser consideradas gastos porque sirven para generar empleos e incentivar el desarrollo económico y social al ser destinadas a diversos sectores y proyectos", precisó.
Según cálculos oficiales, las obras en los estadios supusieron la creación de 24.500 empleos directos.
Para la cartera de Deportes, las inversiones del gobierno para la preparación del Mundial están dirigidas a obras de infraestructura que mejorarán la vida de los habitantes de las ciudades sede, como sistemas de transporte, puertos, aeropuertos, seguridad pública, energía, telecomunicaciones y estructuras turísticas.
El gobierno agrega que la organización de grandes eventos deportivos constituye para el país "una oportunidad para acelerar las inversiones en infraestructura y servicios que mejoran las ciudades y la calidad de vida de la población".
El alto coste de las obras para el Mundial es uno de los motivos que ha provocado que miles de personas salgan a las calles brasileñas en las últimas semanas en señal de protesta.
Las manifestaciones comenzaron la semana pasada en Sao Paulo, exclusivamente contra la subida de las tarifas del transporte público, pero sumaron poco a poco nuevas reivindicaciones, como mayores inversiones en salud y educación pública, y críticas contra la corrupción y los elevados gastos del gobierno para organizar eventos como el Mundial.
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