LA PAZ, 9 jul (Xinhua) -- La Fiscalía General de Bolivia emitió hoy un requerimiento acusatorio contra el ex presidente boliviano, Carlos Mesa, para el inicio de un juicio de responsabilidades por la confiscación ilegal de una concesión de la empresa chilena Quiborax.
En rueda de prensa en la ciudad de Sucre, 417 kilómetros al sureste de La Paz, el fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que se encontraron suficientes indicios de responsabilidad para procesar al ex mandatario.
La Procuraduría General del Estado presentó el 26 de mayo una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Mesa y tres de sus ministros, después que Bolivia perdió un juicio internacional con la empresa chilena Quiborax, que le representó a Bolivia el pago de 42,6 millones de dólares por la anulación de la concesión.
"Lo que corresponde ahora, una vez que hemos presentado este requerimiento acusatorio a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego ésta deberá remitir la proposición acusatoria a la Asamblea Legislativa para que, por dos tercios de voto, autorice o rechace el proceso penal", dijo Guerrero.
El procedimiento señala que, si la Asamblea Legislativa autoriza el juicio de responsabilidades, se sustanciará en el TSJ.
El ex mandatario, quien gobernó Boliva de 2003 a 2005, es acusado de la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por la forma en la que expulsó en 2004 a Quiborax, consorcio chileno que operaba en el salar de Uyuni (suroeste).
Tras conocer la decisión de la Fiscalía, el ex presidente Mesa dijo en conferencia de prensa en La Paz que se siente "acusador y no acusado".
Asimismo, el ex mandatario ratificó su denuncia hecha ante la Fiscalía contra el ministro de Justicia, Héctor Arce; contra el ministro de Minería, César Navarro, y contra el procurador del Estado, Pablo Menacho, dentro del caso Quiborax, por la presunta comisión de delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
A juicio de Mesa, "el gobierno de (l presidente Evo) Morales hizo todo lo posible para perder el arbitraje y cumplir así su objetivo político: mi procesamiento judicial en un claro camino en el que está hace ya tiempo; la criminalización de la política".
De acuerdo con encuestas publicadas por la prensa local, Mesa es un potencial candidato opositor al presidente boliviano, Evo Morales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia habilitó el 28 de noviembre de 2017 al mandatario Morales y a todas las autoridades electas a concurrir de forma indefinida a la reelección.
Este fallo se hizo en apego al Pacto de San José de Costa Rica, y que tiene antecedentes en otros países latinoamericanos bajo la misma interpretación jurídica como en Nicaragua, Costa Rica y Honduras.
En el caso de Bolivia, se basó en que la Convención Americana de los Derechos Humanos tiene primacía sobre las leyes y la Constitución del país andino.
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