BEIJING, 10 mar (Xinhua) -- Cao Jianming, fiscal general de la Fiscalía Popular Suprema (FPS) de China, presentó hoy lunes en Beijing un informe sobre la labor de la institución ante la segunda sesión de la XII Asamblea Popular Nacional (APN), la máxima legislatura del país.
A continuación ofrecemos los puntos más destacados del documento.
El trabajo de 2013:
-- Se aprobó la detención de 879.817 sospechosos criminales y se procesó a 1,32 millones.
-- Se aprobó la detención de 500.055 sospechosos y se procesó a 580.485 por delitos violentos, delitos relacionados con organizaciones criminales y delitos relacionados con los estupefacientes, entre otros.
-- Se formuló una opinión sobre el castigo de los asaltos sexuales contra menores de acuerdo con la ley y en colaboración con otras autoridades.
-- Se probó el arresto de 2.395 sospechosos por tráfico de mujeres y niños.
-- Se investigó a 51.306 personas en 37.551 casos de delitos laborales incluyendo la corrupción, el cohecho, la negligencia del deber y la violación de derechos.
-- Se investigó a 2.871 funcionarios públicos de niveles superiores al de distrito, incluyendo a 253 de nivel municipal y ocho de nivel provincial y ministerial, en 2.581 casos de corrupción, cohecho y malversación de fondos públicos por valor de más de un millón de yuanes (unos 163.300 dólares).
-- Se luchó contra los delitos de sabotaje de elecciones y violación de los derechos democráticos de los ciudadanos.
-- Se investigó y castigó a 11.948 responsables de aplicación de la ley administrativa y a 2.279 empleados judiciales por abuso de poder para obtener beneficios personales, malversación y violación de la ley por intereses personales, así como negligencia del deber.
-- Se presentaron cargos criminales contra 5.515 personas por ofrecer sobornos, un aumento anual del 18,6 por ciento.
-- Se recuperaron ganancias ilegales por valor de 10.140 millones de yuanes y se arrestó a 762 sospechosos por delitos relacionados con el trabajo que se encontraban en fuga.
-- Se revocaron la detención de 100.157 personas y el procesamiento de 16.427 personas por falta de pruebas y no poderse constituir un delito, crecimientos anuales del 9,4 y el 96,5 por ciento, respectivamente.
-- Se rectificó el tratamiento inadecuado a la hora de conceder conmutaciones de pena, libertad condicional y ejecución temporal de la sentencia fuera de la cárcel a 16.708 personas, un ascenso de 16,8 por ciento.
-- Se investigó y castigó a 4.549 trabajadores públicos en casos de sobornos comerciales.
-- Se investigó y castigó a 8.173 personas por supuestos delitos relacionados con el trabajo en la subasta de proyectos, la administración de fondos y la supervisión de la calidad.
-- Se presentaron cargos contra 84.202 sospechosos por graves delitos económicos, incluyendo el fraude financiero, el fraude de contratos, la contratación en bolsa con información privilegiada, la recaudación ilegal de fondos y la venta piramidal.
-- Se procesó a 8.802 sospechosos por infracción de derechos a marcas comerciales y patentes, derechos de propiedad intelectual y secretos comerciales.
-- Se procesó a 10.540 sospechosos en casos relacionados con la seguridad alimentaria y los medicamentos falsos, un aumento del 29,5 por ciento.
-- Se investigó a 1.066 personas en 685 casos de presunta negligencia del deber y sobornos relacionados con graves accidentes tales como indencios o accidentes en minas.
-- Se procesó a 20.969 sospechosos por implicación en grandes accidentes de contaminación medioambiental, minería ilegal y tala ilegal.
-- Se investigó y castigó a 1.290 sospechosos por delitos relacionados con el trabajo en los terrenos de la supervisión ambiental, el control de la polución y la restauración ecológica.
-- Se investigó y castigó a 210 empleados de procesamiento por conductas de violación de la disciplina o la ley y se presentaron cargos criminales contra 26 de ellos.
Las tareas para 2014:
-- Se ofrecerá apoyo judicial para la profundización integral de las reformas mediante la ayuda a la regularización del orden económico del mercado, la lucha contra los graves delitos económicos, la investigación de los delitos laborales que impliquen fondos públicos, bienes estatales, recursos estatales y urbanización, y la protección de los intereses legítimos de las empresas estatales y no estatales de forma equitativa.
-- Se mantendrá la estabilidad social a través de la lucha legal contra las fuerzas hostiles que intentan separar, infiltrarse y derrocar el país, contra el terrorismo y los delitos violentos, así como contra los delitos que socaven gravemente la seguridad social y pública y la de las vidas y propiedades del pueblo.
-- Se intensificarán los esfuerzos para investigar, castigar y evitar los delitos relacionados con el trabajo con una tolerancia cero ante la corrupción.
-- Se reforzará la supervisión, se promoverá una aplicación estricta de la ley y se hará justicia a través de la rectificación de las prácticas ilegítimas tales como el procesamiento de casos sobre una base selectiva, la recogida ilegal de pruebas, el abuso de las medidas obligatorias y la imposición de sentencias inapropiadas.
-- Se reforzarán las reformas dentro de las fiscalías, centrándose en la mejora del sistema de asistencia judicial y la apertura judicial, y se legalizará el sistema de supervisores populares.
-- Se promoverá la construcción de equipos entre los fiscales, y se erradicará a la "oveja negra" en su seno.
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