La Corte Suprema de Chile ordenó hoy a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) revelar las fiscalizaciones que realiza a la banca, lo cual es nuevo en el país.
Con ello, el máximo tribunal cerró una disputa entre la SBIF y el Consejo para la Transparencia (CPLT), en favor de este último, ordenando que el regulador revele las fiscalizaciones y auditorías realizadas a los bancos en 2010 y 2011 a partir de ahora, incluyendo las observaciones que hizo en cada revisión.
En otro dictamen, esta vez del 16 de enero, la Corte había favorecido nuevamente al CPLT, pero en una disputa con la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), determinando que el organismo informe los nombres de los funcionarios que poseen acciones de empresas que están bajo su fiscalización.
Según los expertos, los últimos dos fallos dan un protagonismo inédito a la Suprema en el ámbito económico y podrían marcar un antes y un después en materia de transparencia en Chile.
Ambos fallos abren una nueva era en materia de transparencia en el sistema financiero y se generaron a partir de solicitudes de información hechas por Marcos Correa Pérez.
Con el fallo de hoy, la máxima autoridad de la Justicia chilena está remeciendo el sistema financiero del país.
Anteriormente, la Corte lo hizo echando abajo la aprobación del proyecto medioambiental de la central eléctrica Castilla el 28 de agosto de 2012, lo cual desató la inédita réplica de la ministra de Medioambiente, María Ignacia Benitez, y un intercambio de duros cuestionamientos entre el gobierno y el poder judicial.
Más tarde, fue su decisión, del 3 de enero de 2013, de corregir el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que había rechazado la fusión de las gasolineras del grupo Luksic, Enex, con las de Terpel.
La Corte también falló el pasado 8 de enero en una treintena de casos para que las Aseguradoras de Salud no vuelvan a elevar los precios de sus planes de sus afiliados.
De ese modo, consolidó la tendencia de los últimos años en favor de los usuarios de las aseguradoras de salud privadas, provocando que el gobierno y los parlamentarios al Congreso busquen legislar para dar una salida al sistema privado creado durante el régimen militar en la década de los años 80.
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