La jueza que lleva el debate por genocidio al general y ex gobernante de facto guatemalteco, Efraín Ríos Montt, desconoció hoy el fallo de una colega que la víspera ordenó anular el caso.
"Se deja constancia que no estamos obligados a acatar ordenes manifiestamente ilegales, pues ningún funcionario público es superior a la ley", argumentó la juez Jazmín Barrios al inicio de la audiencia número 20 en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde Ríos Montt acudió sin abogados defensores.
Barrios suspendió sin embargo el desarrollo de las audiencias en espera de que la Corte de Constitucionalidad (CC) resuelve la controversia.
La juez Carol Patricia flores, presidenta del Juzgado Primero de Instancia Penal, anuló el jueves el juicio por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad al ex gobernante Ríos Montt (1982-1983) y su ex jefe de inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez.
Flores decidió anular las actuaciones hasta el momento y reanudar el proceso en la fase de investigación, en noviembre del 2011, cuando Ríos Montt estaba desligado del proceso, lo que le garantizaría su completa libertad al cesar el arresto domiciliario que cumple a la fecha.
Pero este viernes, la jueza Barrios indicó que la suspensión del debate durará el tiempo necesario hasta que la CC emita un fallo sobre la decisión de su colega.
"Se suspende el debate dentro del proceso en espera de lo que resuelva la CC, como órgano superior, en relación a la resolución emanada por la jueza" (Flores),puntualizó la juzgadora.
Además, ordenó el nombramiento de abogados de la defensoría pública al general Ríos Montt y a Rodríguez Sánchez, luego que los abogados contratados por estos abandonaran el jueves la sala de audiencias por desacuerdos con las decisiones de la jueza.
Al terminar la audiencia, decenas de asistentes gritaron "justicia, justicia, justicia", tras lo cual salieron de la sala y emprendieron una caminata pacífica hasta el edificio de la CC para presionar que resuelva lo antes posible el caso.
Ríos Montt y Rodríguez Sánchez son señalados por el asesinato de 1.771 indígenas de la etnia Ixil entre marzo y agosto de 1982, la etapa más cruenta de la guerra que duró 36 años en Guatemala y terminó en 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz.
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