La organización civil Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) instó hoy al gobierno mexicano a elaborar un plan de acción básico con medidas eficaces para la protección y seguridad de los periodistas.
Ante los más recientes homicidios de periodistas y ataques a la prensa en este país, Fundalex exigió al gobierno del presidente Enrique Peña tomar medidas para evitar que se repitan ataques, además de reclamar a autoridades locales esclarecer crímenes.
Este mes, en el estado de Chihuahua (norte), fue asesinado el periodista Jaime Guadalupe González Domínguez, en la ciudad de Ojinaga, y fue secuestrado Víctor Javier Campos, de "El Diario", de Ciudad Juárez, quien apareció muerto en Agua Prieta, en la entidad vecina de Sonora.
Además, se registraron ataques contra los periódicos "El Siglo", de la ciudad de Torreón, en el estado también norteño fronterizo de Coahuila, y "El Diario", de Ciudad Juárez, donde también se atentó contra el Canal 44 de la televisión local.
También "Zócalo", que se edita en varias ciudades de Coahuila, anunció la víspera que no publicará más notas sobre el crimen organizado, por no existir garantías de seguridad para todos sus empleados, tras una serie de amenazas públicas del hampa.
Ante esto, Fundalex arguyó en exhorto al gobierno a diseñar un plan de protección a periodistas, que una sociedad sin libertad de expresión ni derecho a la información, está mutilada y adolece de los principales elementos de una democracia, como son el debate de las ideas y la crítica, que sin duda, fortalecen a las instituciones.
Hizo énfasis en el peligro de que la libertad de expresión entre en una zona de crisis, con el argumento de que los homicidios contra los comunicadores son una señal de que los derechos son conculcados.
La organización civil advirtió que la vida de los periodistas mexicanos continuarán en riesgo mientras la impunidad siga siendo el principal instrumento para quienes tienen la necesidad de ocultar información y ven amenazados sus intereses particulares.
Fundalex destacó que son necesarios otros mecanismos institucionales para dar garantísas de seguridad y respeto a la libertad de expresión de los periodistas y del derecho a la información de la sociedad.
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