(SPANISH.CHINA.ORG.CN) – No fueron solo Estados Unidos y algunos de sus más fieles aliados, en especial los que le acompañaron en la cruzada contra el terrorismo decretada por el ex presidente George W. Bush (2000-2008). Por lo menos 54 países más participaron “activamente” en las detenciones y vuelos secretos llevados a cabo por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Si bien Washington es por largo el máximo responsable de estos actos, que dieron pie a no pocas injusticas sobradamente probadas por la justicia, más de medio centenar de Gobiernos aportaron también su “granito de arena” al plan que daba luz verde para cometer numerosas violaciones de los derechos humanos y saltarse con total inmunidad las leyes estadounidenses e internacionales.
La conspiración quedó al descubierto en un informe elaborado por Iniciativa de Justicia de la Sociedad Abierta (OSJI, siglas en inglés), una organización no gubernamental estadounidense para la defensa de los derechos humanos, que subraya que la responsabilidad por tales acciones no debe reducirse a Estados Unidos.
Las numerosas detenciones secretas y “rendiciones extraordinarias” practicadas, precisa el informe de 213 páginas, no podrían haberse llevado a cabo sin la “participación activa” y secreta de los Gobiernos extranjeros que colaboraron con la CIA, bien permitiendo el uso de sus centros de detención y espacio aéreo y aeropuertos para el traslado de los sospechosos o autorizando la participación directa de sus servicios de inteligencia en las detenciones, torturas, interrogatorios y otros abusos.
El estudio detalla los casos de 136 personas que fueron sometidas a estos métodos, aunque denuncia que, debido a la opacidad del Gobierno de EE. UU. y de la mayoría de sus socios, a día de hoy no puede conocerse el verdadero alcance de este programa ni la cifra total de víctimas.
Un informe elaborado por la Comisión de Inteligencia del Senado el pasado diciembre sigue clasificado y la Administración del presidente Barack Obama, que rechazó la tortura al asumir el cargo en 2009, retiene diversos documentos de la CIA sobre estos programas. El asunto sigue siendo una “fuente significativa de preocupación”, ante los recientes informes de detenciones secretas que involucran a la agencia u otras agencias estadounidenses.
La OSJI critica que los tribunales estadounidenses hayan cerrado sus puertas a las víctimas de estas prácticas ilegales y como ejemplo cita el rechazo de la denuncia de Maher Arar, un ciudadano canadiense nacido en Siria que fue torturado en su país natal, basado en que la intervención judicial era “inapropiada” en casos relacionados con cuestiones sensibles de seguridad nacional, señaló El País.
Canadá, el único país que hasta el momento ha reconocido su error, se disculpó ante Arar. Y solo Suecia, Reino Unido y Australia han compensado a víctimas de detenciones ilegales o rendiciones extraordinarias (los dos últimos mediante pactos secretos para evitar la batalla legal).
De los 27 países de la Unión Europea, 17 colaboraron con el programa de detenciones ilegales, según el documento.
En la relación aparecen Afganistán, Albania, Alemania, Argelia, Arabia Saudí, Australia, Austria, Azerbayán, Bélgica, Bosnia-Herzegovia, Canadá, Chipre, Croacia, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Etiopía, Finlandia, Gambia, Georgia, Grecia, Hong Kong, Islandia, Indonesia, Irán, Irlanda, Italia, Jordania, Kenia, Libia Lituania, Macedonia, Malawi, Malasia, Mauritania, Marruecos, Pakistán, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Somalia, Sudáfrica, Sri Lanka, Suecia, Siria, Tailandia, Turquía, Uzbekistán, Yemen, Yibuti y Zimbabue.
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