República Dominicana se enfrentó este año a la comunidad internacional en defensa de una cuestionada sentencia sobre el derecho a la nacionalidad de este país.
La sentencia, dictada en septiembre por el Tribunal Constitucional dominicano, determinó que los hijos de padres haitianos indocumentados nacidos en República Dominicana no tienen derecho a la nacionalidad de este país, por la situación irregular de sus progenitores.
El fallo también dispuso establecer la validez o nulidad de las actas de nacimiento de los dominicanos de ascendencia haitiana, y ordenó realizar una auditoría de los registros de nacimiento desde 1929 a la fecha para identificar a todos los extranjeros inscritos en el registro civil.
El dictamen del Tribunal Constitucional sentó un precedente inmediato respecto al reclamo de unas 20.000 personas de ascendencia haitiana que reclaman ser reconocidos como dominicanos por haber nacido en este país, y a los que supuestamente la Junta Central Electoral (JCE) retiró del registro civil.
El organismo tomó la decisión tras analizar un recurso de revisión de amparo presentado contra la JCE por Juliana Deguis Pierre, quien se oponía al fallo de un tribunal de la ciudad de Monte Plata, 53 kilómetros al noreste de la capital, que le negó el otorgamiento de la cédula de identidad y electoral, basado en dudas sobre la autenticidad de su declaración.
La sentencia enfrentó primero a la sociedad dominicana entre los que la consideraron discriminatoria y los que destacaron su carácter reivindicativo de la soberanía nacional.
Luego encontró el rechazo de su vecino Haití, que temió que la medida pudiera perjudicar a la comunidad dominicana de ascendencia haitiana, y a miles de inmigrantes haitianos que viven en territorio dominicano.
El propio presidente de República Dominicana, Danilo Medina, pidió disculpas a la comunidad dominicana de ascendencia haitiana por la "situación que están pasando" al no poder obtener un documento que demuestre su nacionalidad, y prometió hacer todo lo posible para respetar sus derechos.
Semanas después, su gobierno anunció un plan para regular a los extranjeros indocumentados, incluyendo un "proceso especial de naturalización" para hijos de inmigrantes ilegales nacidos en territorio dominicano, y que fue interpretado como una futura amnistía.
Una encuesta difundida en mayo señaló que del total de extranjeros residentes en el país, 458.233 nacieron en Haití, lo que supone un 87,3 por ciento de la población de inmigrantes radicados en territorio dominicano.
Además, el estudio, realizado por la Oficina Nacional de Estadística con el apoyo técnico y financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Unión Europea, indicó que 209.912 personas pertenecen a la población descendiente de padres haitianos.
Haití logró que la Comunidad del Caribe (Caricom), que reúne a quince países de la región, suspendiera las negociaciones para permitir el ingreso al organismo de República Dominicana, y convenció a la Organización de Estados Americanos (OEA) para enviar una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que también condenó el discutido fallo.
Debido a la sentencia, República Dominicana y Haití están pendientes de un nuevo proceso de diálogo que debe iniciarse la próxima semana con la mediación de Venezuela.
Pero el cuestionado dictamen no fue lo único que acaparó la atención del país este año.
Una epidemia de dengue azoló a República Dominicana a lo largo de 2013 y causó la muerte de 111 personas, el 92 por ciento de ellas menores de 20 años, pese a que la mortal enfermedad movilizó al sistema nacional de salud para prevenir nuevos contagios.
Anabel Alfaro, especialista de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cuestionó el manejo que República Dominicana daba a la epidemia de dengue declarada como tal en octubre de 2012, y mencionó en un informe una serie de "mitos" que ponen en entredicho el diagnóstico del mal, "posiblemente la causa de la alta tasa de muertes en el país".
Alfaro, que llegó a Santo Domingo para ayudar a las autoridades dominicanas en su lucha contra la enfermedad, determinó que uno de los errores más frecuentes es esperar los resultados de laboratorio para diagnosticarlo, como plaquetas bajas, olvidando que el dengue es puramente clínico.
El clima de inseguridad ciudadana fue otro problema en el año que concluye.
Casi recién empezado el año 2013, el presidente Medina anunció un plan de seguridad diseñado para hacer frente a la delincuencia y la criminalidad.
El plan dispuso entre otras acciones el aumento al doble del número actual de efectivos policiales en cuatro años y la instalación de unas 2.000 cámaras de vigilancia pública en las grandes ciudades.
La policía nacional, sumida en un proceso de reforma, cuenta en la actualidad con unos 33.525 efectivos, mientras que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) tiene alrededor de 4.000 agentes.
República Dominicana se encuentra entre once naciones de la región con los más altos índices de criminalidad. La tasa en el país es de 24,9 por ciento de acuerdo con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En tanto, la tasa de homicidios es de 23 por cada 100.000 habitantes según estadísticas oficiales.
En el ámbito económico, República Dominicana crecerá menos este año (3 por ciento), debido a una fuerte caída de la inversión extranjera y una reducción del consumo que contribuyó a la desaceleración de la actividad económica, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En su reporte anual "Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe" difundido este mes, la Cepal indicó que la economía dominicana consolidaría su crecimiento el próximo año al alcanzar un 5 por ciento.
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